Este sábado 28 de junio entró en vigor la nueva ley que obliga a garantizar la accesibilidad universal en productos y servicios digitales, en cumplimiento de las directivas europeas en esta materia. La normativa exige que la experiencia digital sea inclusiva desde su concepción, estableciendo requisitos en aspectos como: usabilidad, estructura de navegación, contraste visual y compatibilidad con tecnologías de asistencia.
El objetivo principal de la ley es reducir la brecha digital, especialmente entre personas mayores o con baja alfabetización tecnológica, un grupo socialmente vulnerable cuya exclusión digital sigue siendo un problema estructural en España. Según el último informe «Sociedad Digital en España» elaborado por Fundación Telefónica, menos de la mitad de las personas mayores de 65 años utiliza aplicaciones móviles de forma autónoma, y un porcentaje similar manifiesta estrés al interactuar con servicios digitales.
La entrada en vigor de esta normativa supone un cambio estructural para el ecosistema digital, que afecta tanto a entidades públicas como privadas. Empresas de desarrollo de software, plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles y páginas web deberán adecuarse a estos nuevos estándares si quieren cumplir con la ley y evitar sanciones, pero también si quieren seguir siendo relevantes en un mercado cada vez más consciente de la inclusión.
Un modelo de referencia en tecnología inclusiva
Bleta, una startup española con sede en Barcelona; lleva años desarrollando tecnología pensada para usuarios con dificultades tecnológicas sin esperar a que la normativa lo impusiera. Sus soluciones, enfocadas en la experiencia de personas mayores, se han construido desde el principio siguiendo criterios estrictos de accesibilidad, probados con usuarios reales y diseñados para eliminar barreras de uso.
Para sus responsables, la entrada en vigor de esta ley no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una nueva cultura empresarial centrada en el diseño universal. Desde Bleta subrayan que integrar la accesibilidad no debe interpretarse como una obligación legal, sino como un compromiso ético y un criterio esencial de calidad del diseño digital.
La empresa defiende un enfoque que no sacrifica la estética en favor de la funcionalidad, sino que integra ambas en experiencias digitales accesibles, intuitivas y visualmente cuidadas. Esta visión cobra especial relevancia en un contexto donde la digitalización acelerada, a menudo, ha dejado atrás a una parte importante de la población.
El impacto para las empresas
Para las compañías tecnológicas, este nuevo marco normativo obliga a revisar procesos de desarrollo, rediseñar interfaces y garantizar la compatibilidad con lectores de pantalla, teclados virtuales y otras tecnologías de asistencia. También plantea la necesidad de formación interna, auditorías de accesibilidad y cambios en la cultura organizacional para adoptar una mentalidad de diseño inclusivo.
Más allá del cumplimiento legal, las empresas que asuman este reto como una oportunidad podrán diferenciarse en un mercado cada vez más exigente en términos sociales y éticos. El diseño accesible no solo amplía la base de usuarios, sino que también mejora la experiencia general, reduce los errores de uso y favorece la fidelización.
La normativa refuerza la idea de que la inclusión digital no es un asunto marginal, sino una condición indispensable para una transformación digital justa y sostenible. El cumplimiento de la ley, aunque complejo en algunos casos, representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia una tecnología más humana.