Un año después del ‘gran apagón’, Portugal ha sido más efectiva a la hora de trazar una política para paliar las consecuencias de otro incidente similar

El gobierno español todavía tiene parada la normativa de resiliencia en las telecomunicaciones en la fase de consulta, mientras que el ejecutivo luso ha sido más efectivo y ambicioso en su planteamiento regulador.
4 de mayo, 2026

El 28 de abril de 2025, un fallo masivo en la red eléctrica ibérica provocó el colapso de la infraestructura de telecomunicaciones en España y Portugal, obligando a las antenas móviles a depender de baterías y generadores. Al caer la noche, más de la mitad de los usuarios en amplias zonas del territorio español y más del 60% en las áreas portuguesas más afectadas se quedaron sin servicio.

Este suceso evidenció la importancia de las reservas de energía, permitiendo a empresas como la operadora portuguesa MEO registrar pérdidas de cobertura en apenas un 16% de sus clientes. En contraste, las infraestructuras de otras compañías de despliegue más reciente, como DIGI, sufrieron desconexiones masivas de hasta el 90% que se prolongaron durante más de un día. Otras corporaciones mostraron caídas intermedias, rondando una pérdida de señal del 30% en el caso de NOS y de cerca del 70% para Vodafone en el mercado luso.

A finales del pasado año, el sector privado empezó a tomar medidas tangibles mediante inversiones en planes de mejora energética y el refuerzo de miles de emplazamientos críticos. En noviembre de 2025, el Grupo Vodafone anunció un programa que inició su despliegue en Portugal, para dotar a los centros de datos móviles de hasta setenta y dos horas de autonomía, apoyándose en sistemas de inteligencia artificial para maximizar la duración de las baterías.

Por su parte, la operadora de infraestructuras Cellnex ha empezado a integrar sistemas de alimentación ininterrumpida y bancos de energía en una amplia red de instalaciones a nivel internacional, en la misma línea que la portuguesa MEO ha ampliado recientemente sus centros de red y estaciones de amarre para asegurar una mayor redundancia física en las rutas de conectividad transatlánticas.

Exigencias legales y redes satelitales

Mientras las empresas iniciaban sus despliegues, las administraciones públicas comenzaron a tramitar nuevas exigencias de seguridad. El Ministerio para la Transformación Digital de España presentó en diciembre de 2025 un anteproyecto para clasificar las redes como esenciales, estableciendo tiempos de funcionamiento obligatorio de entre cuatro y veinticuatro horas sin suministro eléctrico externo.

El objetivo de esta normativa es garantizar la cobertura al 85% de la población. No obstante, el desarrollo legal ha evidenciado una importante discrepancia económica entre el gobierno, que cifra la adaptación en 73 millones de euros, y las estimaciones de los operadores, que elevan el coste de reforzar las instalaciones a cerca de 300 millones.

Tras el cierre de la consulta pública a principios del año siguiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sugirió en marzo de 2026 una aplicación gradual de la norma española, priorizando el uso de la itinerancia entre redes y las conexiones mediante satélite.

Un mes antes de dicha recomendación, la utilidad práctica de las infraestructuras espaciales ya se había comprobado en el país vecino. Entre enero y febrero de 2026, una serie de fuertes tormentas afectó a Portugal y redujo considerablemente la velocidad y disponibilidad de las conexiones móviles debido a los cortes de electricidad. Durante este periodo, la actividad de los usuarios conectados a las infraestructuras satelitales de Starlink casi se triplicó respecto a sus valores habituales, lo que llevó a la autoridad reguladora portuguesa a activar el uso de redes móviles compartidas a nivel nacional.

Coincidiendo con el primer aniversario del incidente ibérico en abril de 2026, el parlamento de Portugal propuso establecer una autonomía energética de entre veinticuatro y setenta y dos horas para las infraestructuras críticas y la creación de un sistema de alertas a la población independiente de las redes comerciales.

Esta medida se suma a las sugerencias previas del regulador de telecomunicaciones luso, que aconseja utilizar la tecnología de difusión celular directa a los dispositivos, en vez de los mensajes de texto convencionales (SMS), para evitar la saturación de los canales de comunicación durante situaciones críticas.