Guillem Alsina Gonzàlez
La normativa europea que garantiza el derecho a la reparación de dispositivos electrónicos se encuentra en proceso de adaptación al marco legal español. Entró en vigor en julio de 2024 con el propósito de que los fabricantes ofrezcan servicios de reparación asequibles y comuniquen a los consumidores sus derechos, incluyendo la opción de prorrogar la garantía legal un año más para los bienes reparados. Pese a que se estableció el 31 de julio de 2026 como fecha límite para su implantación en los distintos estados miembro de la UE, en España todavía no se ha completado la integración de estas medidas en la legislación nacional.
Este marco normativo busca, además, reducir las emisiones de CO₂ y el volumen de residuos electrónicos, al mismo tiempo que impulsa un modelo económico más sostenible y circular, alineado con los objetivos ambientales de la Unión Europea. La adopción de estas directrices permitiría a los consumidores decantarse con mayor frecuencia por la reparación, frente a la compra de un producto nuevo.
En este contexto, la OCU ha lanzado la plataforma “Repara, revive” (www.ocu.org/repara), iniciativa enmarcada en el proyecto REPper (Euro-MED0200589) y cofinanciada por la Comisión Europea para fomentar la cultura de la reparación entre consumidores y profesionales.
Como parte de su presentación, hoy jueves día 30 de enero, se está celebrando la jornada “Derecho a reparar: del B.O.E al taller”, donde participará Javier Santamaría, CCO de ANOVO, quien analiza la evolución de la reparación en el país y los retos que plantea la nueva normativa.
De acuerdo con la Comisión Europea, la falta de reparación de los dispositivos provoca el equivalente a 261 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año, al incrementarse la cantidad de residuos generados. La extracción de materias primas también resulta elevada, puesto que se estima que, cada año, se utilizan alrededor de 30 millones de toneladas de recursos en la Unión Europea para la fabricación de bienes, generando cerca de 35 millones de toneladas de desechos.
Las consecuencias no solo son ambientales, sino también económicas, dado que los consumidores pierden unos 12.000 millones de euros anuales al reemplazar productos en vez de repararlos. Con la adecuada aplicación de esta normativa, se espera revertir parte de esta tendencia y generar un crecimiento de unos 4.800 millones de euros en términos de inversión, impulsando un modelo económico más eficiente.
Mientras España se prepara para integrar la regulación europea, ANOVO, con más de dos décadas de especialización en la reparación y el reacondicionamiento de dispositivos, ha puesto a disposición de los consumidores servicios dedicados a prolongar la vida útil de teléfonos, tabletas y otros equipos. Según datos de la compañía, en 2024 se evitó la emisión de cerca de 90.000 toneladas de CO₂ gracias a estas prácticas.
Además de los beneficios ambientales, desde la empresa se facilita a los fabricantes información útil sobre la reparabilidad y las mejoras potenciales de sus productos, contribuyendo a reducir el desperdicio de recursos. Esta visión, centrada en alargar la vida útil de la tecnología, coincide con los objetivos globales de sostenibilidad y con la próxima implantación oficial del derecho a reparar.
En opinión de ANOVO, la normativa exige la implicación de todos los agentes para lograr una reducción significativa de residuos y emisiones. La compañía considera que sus resultados anuales demuestran que la reparación es una vía posible y rentable, al mismo tiempo que representa una solución esencial para cumplir los objetivos medioambientales de la Unión Europea.
