Guillem Alsina Gonzàlez
Mucho se ha hablado a lo largo de estos últimos días y semanas sobre la influencia de las redes sociales en los más jóvenes, y la idea lanzada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales.
Dejando de lado que, en el caso de que se haga necesaria la identificación legal de quien está dado de alta o se quiere dar de alta en una red social, y cómo se podría controlar para quienes lo hagan desde una VPN y qué consecuencias legales tendría, sería necesario verificar la edad mediante una identificación unívoca del usuario como, por ejemplo, el DNI, lo que eliminaría de raíz un bien muy preciado en la red de redes: el anonimato. Y ello merece todo un debate aparte, porque es una consecuencia de gran impacto de la que no hay vuelta atrás incluso ante una posterior derogación de la ley, puesto que seguirán existiendo unos registros históricos que identificarán unívocamente a las personas.
Desde que empezara este debate, los partidos gubernamentales y las formaciones que lo apoyan han abrazado el discurso del mal que provocan las redes sociales, las cuales, y como los casinos, son un negocio particular cuyo objetivo es el de ganar dinero, pero me parece que han dejado completamente de lado otro factor que es, a mi parecer, más importante todavía que la voluntad de lucro de las empresas: la responsabilidad de padres y tutores sobre los menores, y lo que pueden prohibirles o dejarles hacer.
Porque en mi día a día veo muchos padres que, con tal que el crio los deje en paz un rato y no moleste mientras hablan o se toman una cerveza, les dejan su móvil para que jueguen o accedan a las redes sociales, o bien les compran smartphones por los mismos motivos y «porque todos sus amigos tienen uno, y él no puede ser menos«, y dejan que los utilicen sin un mínimo control.
Entiendo que, cada vez más, el tiempo que la gente dispone para sí misma y para la crianza de sus hijos -y hablo en tercera persona porque, al menos hasta donde yo sé, no soy padre- es menor, pero la instalación, configuración y uso de una de las numerosas herramientas de control paterno para Android o iOS que existen, no exige mucho tiempo o nos la puede llevar a cabo un profesional, y su administración posterior nos llevará muy poco cada día. Y es la obligación de todo progenitor velar por la seguridad y el bienestar de su vástago, educándolo en buenas prácticas. Libertad sí, evidentemente, pero también tutela, guía y establecer límites hasta que tenga la formación y el conocimiento suficiente para decidir por él mismo, algo que se gana con la edad, la experiencia, el conocimiento y la asunción de responsabilidades.
No veo, pues, ese apelo a que cada ciudadano ejerza la parte de responsabilidad que le corresponde para con su prole, y sí en cambio un discurso político paternalista consistente en un «no os preocupéis que nosotros nos encargamos -lo que implica que deciden- y os quitamos ese peso -responsabilidad- de encima«.
Negándonos a ejercer esta responsabilidad de no dar un smartphone o, en vez de este, un «feature phone» para que nuestros hijos puedan llamar en caso de necesidad pero nada más, o bien un smartphone debidamente limitado, entregamos un pedazo más de nuestra capacidad de decisión a las autoridades. Y la capacidad de decisión es libertad, aunque pueda parecernos un descargo de una obligación gravosa.
Pero si el apelo a ejercer la responsabilidad paterno-filial es indispensable, también y por otra parte, lo es revisar las políticas internas de las empresas que operan estas redes sociales, a tenor de informaciones como la que nos proporciona el Tech Oversight Project sacando a la luz documentos internos de dichas empresas, relacionados con denuncias por adicción a sus servicios, en los que se puede leer como los directivos de dichas firmas (Meta, Google, Snap y TikTok) no solamente son conscientes, sino que han trabajado activamente, para que los servicios que ofrecen sean adictivos, buscando especialmente el público más joven.
Si debo remontarme a cuando era joven (haya ya más años de lo que tengo que admitir), la práctica de las empresas de redes sociales de tener «embajadores» en entornos escolares, se habría podido homologar con la de utilizar la imagen de Michael Jordan para promocionar las zapatillas con su nombre, las famosas Nike Air Jordan. Sí, yo también quería unas y, total, para jugar al baloncesto durante la media hora del recreo. Y si hubiera sido bueno, aún, pero digamos que, como en el caso del fútbol, yo jugaba de medio estorbo…
Repito una vez más: que se deban revisar las prácticas de las empresas propietarias de las redes sociales no puede eximir a los padres de la responsabilidad de tutela que tienen con sus hijos.
Guillem Alsina es director de Digital Inside España
