Redacción
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) constituye el marco normativo de ciberseguridad de cumplimiento obligatorio para las administraciones públicas en España, así como para las empresas del sector privado que les proveen servicios. Su propósito es garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información y los servicios digitales. En este contexto de estricta regulación, la versión 9.0 Extended Update Support de Red Hat Enterprise Linux ha sido incorporada al catálogo del Centro Criptológico Nacional, conocido por sus siglas CPSTIC. Esta homologación capacita a la plataforma para su implementación en entidades del sector público español sometidas a los requisitos de protección estatal.
Para obtener esta validación gubernamental, el sistema operativo ha acreditado el cumplimiento de las normativas de seguridad exigidas en los niveles básico, medio y alto. Abarcando áreas clave como la gestión de riesgos, el control de accesos, la monitorización continua y la protección de las comunicaciones. A nivel técnico, el software integra perfiles de OpenSCAP que convierten las exigencias del ENS en configuraciones automatizables, lo que facilita un despliegue auditable desde el primer momento, minimiza el margen de error humano y establece una base de protección mediante el diseño del propio sistema.
Esta validación a nivel nacional actúa como complemento de la certificación internacional Common Criteria que ya poseía el producto, un estándar empleado para evaluar y verificar de forma consistente las características de protección de las soluciones informáticas. Ambos reconocimientos se enmarcan en los objetivos de soberanía digital impulsados por la Unión Europea para proteger las infraestructuras críticas y asegurar una mayor capacidad de actuación independiente frente a terceros.
Como medida paralela para materializar estas políticas institucionales, la compañía ha introducido un servicio de asistencia técnica operado exclusivamente por ciudadanos europeos dentro de sus fronteras. Mediante este modelo operativo y el uso de tecnologías de código abierto transparente, se busca garantizar que la gestión de las operaciones críticas permanezca bajo jurisdicción europea, facilitando a las distintas administraciones el desarrollo de sus propias estrategias de tecnologías de la información y promoviendo la actividad de los socios tecnológicos locales.
