Guillem Alsina Gonzàlez
Ayer explicaba que el Consumer Choice Center Europe (CCCE) había puesto en duda, hace unas semanas, la forma en la cual la Comisión Europea había abordado la consulta pública sobre el proyecto de Ley de Equidad Digital, delineando a qué ámbitos afecta esta, pero quedándome solamente en la superficie, sin profundizar en ella.
Para ampliar la información sobre este particular, y por si acaso quedaron dudas al respecto, realizo a continuación un análisis con un poco más de profundidad de lo que será dicha ley, a partir de la información que la Comisión Europea ha publicado tras la fase de control de adecuación (evaluación) llevada a cabo en 2024.
La presente propuesta no nace del vacío, sino que ya existe una normativa vigente que se ha querido actualizar en el marco de del programa de trabajo de 2025 y la Nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, puesto que la Comisión Europea quiso examinar si dicha normativa garantizaba un nivel suficiente de protección en el entorno digital.
El proceso de control de adecuación publicado el 3 de octubre de 2024 sobre la protección de los consumidores, detectó lagunas y sirvió para encargar la elaboración de la futura Ley, centrada en prácticas como el diseño manipulador de interfaces, el marketing de influencers, el diseño adictivo y los perfiles en línea que explotan vulnerabilidades.
Así pues, la presente propuesta se enmarca junto a normas recientes como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales, el Reglamento de Inteligencia Artificial o el Reglamento de Datos, piezas todas ellas que la misma UE afirma que han reforzado el marco legal europeo, persistiendo ámbitos específicos pendientes de regular, especialmente en lo relativo a prácticas comerciales y al grado de seguridad jurídica para empresas y autoridades.
En el diagnóstico de problemas, la Comisión concluyó que el perjuicio económico mínimo estimado por prácticas desleales en línea como las antes mencionadas, asciende a 7.900 millones de euros al año, sin contar la pérdida de tiempo de los consumidores.
Con la nueva propuesta de Ley de Equidad Digital, la Comisión Europea pretende regular las lagunas jurídicas detectadas en las distintas regulaciones del mercado, sin entrar en contradicción con estas, y siendo complementaria para proteger a los consumidores en línea tanto como en comercios físicos.
De esta forma, persigue prohibir el uso de interfaces de usuario engañosas en las tiendas online, junto a otras técnicas de manipulación, como el diseño adictivo, que induzcan a a pasar demasiado tiempo ojeando productos en línea y gastar demasiado dinero en ellos, con una especial atención a los menores de edad.
En cuanto a la personalización, se valoran medidas frente a usos que aprovechen vulnerabilidades para segmentar publicidad o fijar precios, mientras que en el ámbito de los influencers, deberá quedar claro cuando están hablando de un producto que les pagan para promocionar (o sea, con finalidades comerciales), y dejar claro con qué marcas trabajan.
Otro objetivo del proyecto de regulación son los llamados “precios por goteo” (cargos que aparecen al final del proceso de compra), los importes “a partir de”, la fijación dinámica de precios, y los descuentos que puedan inducir a error, así como problemas contractuales como cancelaciones difíciles, renovaciones automáticas o pruebas gratuitas que pasan a ser de pago, y el uso de robots conversacionales en la atención al cliente.
En todos estos casos, el objetivo que declara la Comisión Europea es el de mejorar la claridad para el consumidor y la previsibilidad para las empresas.
La protección de los menores será una prioridad transversal, dado que la población joven adopta antes los productos y los servicios digitales y presenta pautas de consumo específicas.
Además de la protección, la iniciativa abre una vía de simplificación: se evaluarán medidas para reducir la fragmentación y la inseguridad jurídica, facilitar el cumplimiento y garantizar igualdad de condiciones. Entre las opciones figura ajustar determinadas obligaciones de información en transacciones repetitivas (como, por ejemplo, compras integradas en aplicaciones) y revisar el derecho de desistimiento en ciertos servicios de suscripción.
La Comisión también examinará en qué medida las herramientas como la Identidad Digital Europea y la cartera europea para empresas pueden facilitar la aplicación de las medidas.
