Redacción Digital Inside España
La implantación de VeriFactu se perfilaba como un hito inminente para miles de pequeñas empresas en España, pero el nivel de preparación distaba de acompañar el calendario. El estudio de Qonto sobre el impacto de VeriFactu, elaborado con IO; concluye que el 82% de las empresas españolas con menos de cincuenta trabajadores aún no cumplía todos los requisitos cuando la entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2026. La fotografía que traza el informe permite contextualizar la decisión del Gobierno de extender un año el plazo y situar la obligatoriedad en enero de 2027.
El análisis se apoya en respuestas de 304 gerentes, propietarios y directores financieros, y refleja que la adaptación se estaba abordando de manera escalonada y, en muchos casos, en fases iniciales. Cuando el horizonte era 2026, un 27% estaba recabando información para entender la normativa, un 19% evaluaba proveedores y soluciones digitales y solo un 15% había empezado a implantar o adaptar sistemas. A ello se suma un dato relevante para calibrar la urgencia real en una parte del mercado: un 18% no había iniciado ningún proceso.
La distancia con respecto al cumplimiento no se reparte de forma homogénea. El volumen de negocio aparece como un factor determinante, tanto en la velocidad de adopción como en la probabilidad de haber empezado. Entre las empresas con facturación superior al millón de euros, el 37% ya cumple con VeriFactu, lo que sugiere una mayor capacidad para abordar antes el cambio de sistemas y procesos. En la misma línea, el estudio indica que las compañías con ingresos anuales superiores a 500.000 euros avanzaban más deprisa: un 31% ya cumplía antes de anunciarse la prórroga, frente al 13% entre las que facturan menos de 100.000 euros.
El contraste se aprecia también en el punto de partida. Entre las empresas con mayor facturación anual, el retraso extremo es minoritario: solo un 5% no había iniciado ningún proceso. En el segmento de menor facturación, el 27% seguía sin mover ficha, y más de la mitad permanecía en fases preliminares. Datos que apuntan a barreras operativas y financieras más marcadas para asumir inversiones tecnológicas sin un retorno inmediato claro. En el tramo intermedio (empresas con ingresos entre 100.001 y 500.000 euros) la situación es más equilibrada: aunque un 17% ya cumplía, la mayoría se encontraba avanzando en alguna etapa del proceso, con una adopción progresiva pero todavía incompleta.
La dimensión de la plantilla también introduce matices. El estudio señala que las PYMEs de entre 10 y 49 trabajadores tienden a priorizar VeriFactu y presentan una implementación más avanzada. Mientras que las microempresas muestran menor grado de preparación y valoran de forma más positiva el aplazamiento. Esta diferencia se traslada a cómo se interpreta el cambio de calendario.
La percepción de la prórroga hasta enero de 2027 varía según el perfil: el 60% de los autónomos la considera una buena noticia por el margen adicional y por evitar inversiones inmediatas, mientras que parte de las empresas de mayor tamaño la observa con preocupación. En concreto, entre las compañías de 25 a 49 empleados, un 66% considera que el retraso puede frenar la digitalización y desincentivar inversiones tecnológicas ya planificadas, una señal de que, para quienes ya estaban ejecutando proyectos, el nuevo calendario puede alterar prioridades internas y decisiones de compra.
En paralelo, el informe identifica diferencias por rol dentro de la organización. Los directores financieros aparecen como el colectivo más avanzado, con un 89% que ya cumple o está en proceso de adaptación, frente al 82% de los gerentes y el 73% de los propietarios. Esa mayor exposición a los circuitos administrativos y de control se refleja también en la lectura del retraso: el 64% de los directores financieros considera que la prórroga puede desincentivar la digitalización, frente al 49% del resto de perfiles.
Desde la óptica presupuestaria, el estudio describe un impacto contenido, pero relevante para el tamaño de las empresas encuestadas. El 52% calcula un coste de adaptación inferior a 5.000€, mientras que casi un 30% prevé una inversión superior. A la incertidumbre se suma un 18,4% que todavía no sabe cuánto le costará, lo que, de acuerdo con el propio diagnóstico, apunta a la necesidad de planificación y acompañamiento para evitar decisiones tardías o poco informadas.
La demanda de apoyo público aparece como un elemento transversal. El 74% de las empresas considera que deberían existir ayudas o incentivos fiscales para facilitar una adaptación anticipada, una petición especialmente intensa entre autónomos y microempresas. En un escenario en el que la prórroga concede margen, ese respaldo se plantea como palanca para que el tiempo adicional se traduzca en implementación efectiva y no en inmovilismo.
En la parte cualitativa del informe, Qonto sitúa el estudio en el contexto temporal de su elaboración, en diciembre, y señala que entonces muchas empresas no estaban listas para la entrada en vigor prevista para 2026. Además, vincula la digitalización de la gestión financiera con mejoras operativas en compañías que ya han implantado soluciones de este tipo, con incrementos de eficiencia en tareas administrativas, ahorro de tiempo anual y aceleración en los cobros, lo que repercute en el flujo de caja.
Marta Rifà, directora de marketing de Qonto para el sur de Europa asegura: “El estudio llevado a cabo el pasado mes de diciembre evidencia que muchas empresas aún no estaban listas para la entrada en vigor en 2026. Sin embargo, también creemos firmemente en el impacto tangible que tiene la digitalización de la gestión financiera: las compañías que ya han dado el paso, implementando soluciones como Qonto para la gestión financiera, han mejorado un 60% la eficiencia de sus tareas administrativas, han ahorrado hasta 500 horas al año y han logrado cobrar sus facturas un 50 % más rápido, reforzando así su flujo de caja. Así, el reto es aprovechar este nuevo año extra para avanzar sin detenerse, puesto que supone un tiempo adicional para automatizar procesos, ganar visibilidad sobre la facturación y la tesorería y liberar recursos, que pueden destinarse al crecimiento del negocio”.
El documento cierra con una lectura orientada a la ejecución: la prórroga hasta 2027 abre una ventana para preparar la transición con antelación y evitar decisiones improvisadas. En ese marco, el estudio plantea que VeriFactu actúa como un cambio regulatorio con potencial para impulsar la modernización financiera de las pymes, siempre que el año adicional se utilice para avanzar en sistemas, procesos y criterios de compra tecnológica de forma ordenada.
