Marc Sureda
La Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos ha vuelto a servir de escaparate para el debate sobre competitividad europea y transición energética. Por segundo año consecutivo, IETI (un esfuerzo intersectorial liderado por McKinsey & Company junto con ACS, EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y Técnicas Reunidas) ha presentado una perspectiva actualizada sobre el papel de la Península Ibérica en la reindustrialización europea. La actualización respecto al plan presentado el año pasado incorpora la última revisión del Índice IETI, que da seguimiento a la evolución de España y Portugal y fija prioridades para los próximos pasos.
La presentación se realizó en una sesión de trabajo multilateral con la participación de Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y autor del Informe Letta, y de Cristina Lobillo, directora de Política Energética de la Comisión Europea, además de representantes institucionales, primeros ejecutivos de compañías miembros de IETI y socios senior de McKinsey. El foco de la conversación fue doble: por un lado, la posición industrial de Europa en sectores considerados estratégicos y, por otro, cómo la transición energética puede actuar como palanca para reactivar inversión y actividad industrial en el continente. En ese diagnóstico, los participantes señalaron varios factores que lastran el desempeño europeo: la debilidad industrial en ámbitos clave, una productividad laboral inferior, la fragmentación regulatoria y de infraestructuras y un retraso en innovación, todo ello en un entorno geopolítico más exigente.
En paralelo, se destacó que la transición energética abre una oportunidad para impulsar la industria tanto en sectores ya asentados, como automoción, cerámica o refino, como en otros emergentes, entre ellos baterías, moléculas renovables y centros de datos. En este contexto, el análisis atribuido a McKinsey apunta a que España y Portugal podrían generar conjuntamente hasta un billón de euros en valor añadido y un millón de empleos hasta 2030.
La tesis central planteada en Davos es que disponer de energía renovable más barata y seguridad de suministro puede sostener un modelo de crecimiento europeo durante las próximas décadas. Para un lector profesional del ámbito tecnológico, esto se traduce en dos implicaciones prácticas: costes energéticos y estabilidad de suministro como variables críticas para decidir dónde ubicar y ampliar capacidad productiva, especialmente en actividades intensivas en electricidad y en infraestructuras digitales como los centros de datos.
El Índice IETI estructura este seguimiento mediante veintiún indicadores orientados a entender el avance de la transición energética y de la reindustrialización en España y Portugal. El mensaje de fondo es que la dirección general es positiva, con señales que invitan al optimismo, pero con necesidad de acelerar para cerrar brechas estructurales y recuperar el ritmo hacia los objetivos. Entre los elementos que el Índice destaca como más dinámicos figuran los anuncios de inversión y el incremento de proyectos que pasan de fase posterior a la decisión final de inversión, con un crecimiento multiplicado por dos en España y por cinco en Portugal. Este punto, habitual en proyectos industriales de gran escala, se refiere al salto desde la intención a la ejecución: el momento en el que la inversión se aprueba formalmente y empieza a materializarse.
Junto a este empuje inversor, el Índice apunta una trayectoria positiva en incorporaciones de capacidad de generación, en el desarrollo de gases verdes y en el almacenamiento a pequeña escala. El planteamiento es que estas señales podrían anticipar mejoras en resultados industriales y avances en autonomía estratégica.
Aun así, el documento también subraya que persisten brechas estructurales en ambos países en comparación con referencias europeas. En variables como inversión en I+D —en el rango del 1,5% al 1,7% del PIB—, productividad laboral, calidad reguladora y peso total de la industria en la economía, la situación se describe como estancada y por detrás de socios europeos u otras economías avanzadas como la de los Estados Unidos.
En una evolución distinta, la producción de vehículos en España, cifrada en 2,4 millones, y el empleo industrial, con 2,9 millones de personas, se presentan como indicadores con signos de recuperación y alineados con la trayectoria prevista hacia 2030.
En transición energética, el Índice sitúa a España en el avance previsto y a Portugal por delante de la curva. Los indicadores que se citan como especialmente favorables incluyen el despliegue de renovables, con un 35% del mix en Portugal, unos precios de la energía en España un 27% por debajo de la media de la UE y una adopción del transporte eléctrico que alcanza el 40% de las ventas de vehículos en Portugal.
Con todo, el texto introduce dos ámbitos donde considera necesarios estímulos adicionales: inversión en redes eléctricas y adopción de moléculas renovables, un término que engloba combustibles y vectores energéticos producidos a partir de energía renovable y destinados a usos industriales y de movilidad.
En Davos, los participantes de IETI coincidieron en que la oportunidad es clara y que ya se han dado pasos, pero advirtieron de que la ventana de actuación se estrecha. El énfasis se trasladó, por lo tanto, a la ejecución: avanzar más rápido, profundizar la colaboración público-privada y mantener un liderazgo capaz de sostener decisiones complejas durante varios años.
IETI plantea cinco iniciativas prioritarias orientadas a acelerar competitividad, inversión e industrialización en España y Portugal, con impacto directo en sectores como baterías, combustibles renovables, habilitación tecnológica e inteligencia artificial, siendo la primera de estas la de reforzar ambición y coordinación en torno a la competitividad, creando y escalando ecosistemas industriales en ámbitos de crecimiento y alineándolos con la estrategia europea, con referencias a palancas como planes sectoriales (citando, por ejemplo, el Plan Auto 2030 de España) y garantías públicas que aseguren demanda.
La segunda iniciativa pasa por orientar la regulación a resultados vinculados a competitividad, simplificando y estabilizando marcos que reduzcan barreras a la inversión y mejoren la facilidad para hacer negocios. En este apartado se mencionan habilitadores como el denominado régimen 28 a escala europea, la agilización de permisos, mecanismos de financiación como los contratos por diferencia (instrumentos que aportan certidumbre sobre precios futuros para facilitar inversiones) y ventanillas únicas para inversores.
El tercer eje se centra en acelerar infraestructuras, incrementando la inversión en redes eléctricas, almacenamiento, transporte y logística. En este punto se recoge la advertencia de más de 70 empresas industriales en España sobre la situación de las redes de distribución, donde actualmente se rechaza la mayoría de las solicitudes de conexión. La revisión de los esquemas de remuneración se plantea como una vía para aumentar el ritmo de incorporación de capacidad y de construcción.
La cuarta prioridad es redoblar la apuesta por la innovación elevando la inversión en I+D en tecnologías y sectores clave, con palancas como incentivos fiscales, centros de excelencia e instrumentos de cofinanciación para tecnologías industriales y de descarbonización pioneras.
La quinta iniciativa se dirige a la productividad del talento mediante desarrollo de la fuerza laboral, programas de recualificación y mejora de competencias a gran escala, herramientas de productividad habilitadas por IA e incentivos fiscales y visados específicos para atraer y retener talento global.
El planteamiento final es que acelerar estas líneas exige coordinación público-privada sostenida, porque los indicadores avanzan, pero las brechas estructurales siguen condicionando el ritmo de reindustrialización.
