João Miguel Mesquita
Las recientes depresiones climáticas que han azotado Portugal, provocando cortes de energía e interrupciones en las comunicaciones en varias zonas del territorio, y que también se han sufrido en España (más concretamente, en Andalucía), han acelerado una decisión política con impacto estructural. El Gobierno portugués quiere que todas las entidades locales del país funcionen como puntos locales de respuesta en caso de crisis.
La medida forma parte de la primera versión del programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), aprobado en el Consejo de Ministros y actualmente en fase de consulta pública.
El plan prevé que cada una de las 3.258 entidades locales reciba un generador eléctrico, un teléfono del sistema SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergencia y Seguridad de Portugal), un teléfono satelital y una conexión de datos a través de Starlink. El objetivo es garantizar que, incluso en situaciones de apagón, incendios o fenómenos meteorológicos extremos, siempre haya un punto con energía y comunicaciones operativas.
En la práctica, los municipios asumirían un papel más importante en la gestión local de crisis, pudiendo mantenerse en contacto con las autoridades, garantizar el acceso a la información y proporcionar conexión a Internet a la población cuando las redes tradicionales fallaran.
El documento aprobado no establece plazos concretos para la implementación, pero enmarca la iniciativa en un horizonte que se extiende hasta 2034, dividido en tres fases temporales, con la primera a corto plazo que se centra en la recuperación de las poblaciones y empresas afectadas; las siguientes se extienden hasta el final de la legislatura actual y la próxima.
Redundancia o dependencia tecnológica
La propuesta ha suscitado diversas reacciones entre los expertos consultados por Digital Inside. Existe consenso en cuanto a la necesidad de reforzar la redundancia de las comunicaciones críticas. Incluso el SIRESP —red utilizada por las fuerzas de seguridad y protección civil— debe, según varios expertos, contar con sistemas complementarios que garanticen la continuidad en situaciones extremas.
La tecnología satelital se considera una capa adicional de seguridad, especialmente relevante cuando fallan las infraestructuras terrestres. En particular en las zonas del interior, donde la cobertura de fibra óptica es limitada y las conexiones móviles pueden revelar fragilidades en situaciones de emergencia, el satélite se presenta como una alternativa técnica viable.
Sin embargo, hay reservas. Algunos expertos consideran que, en gran parte del territorio portugués, la red móvil es suficiente para garantizar la conectividad, y defienden que la universalización de Starlink puede ser redundante donde ya existe fibra. También advierten del riesgo de sustituir la inversión estructural duradera por costes operativos recurrentes.
La dependencia de operadores fuera del espacio europeo también suscita preocupaciones en materia de soberanía digital y seguridad nacional. Algunos analistas consideran que la entrega de comunicaciones críticas a proveedores externos supone un riesgo estratégico potencial, sobre todo en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.
También siguen existiendo dudas sobre el modelo de contratación pública y el papel de los operadores nacionales de telecomunicaciones en este proceso. El documento del Gobierno no detalla cómo se llevará a cabo la articulación con las infraestructuras existentes ni el modelo financiero subyacente.
A pesar de las críticas, otros expertos defienden que, en un contexto de emergencia, la prioridad debe ser garantizar la capacidad operativa inmediata. Starlink se señala como una de las soluciones actualmente disponibles con mayor cobertura satelital, que permite la transmisión de datos, audio y vídeo, y funciona como redundancia frente a las redes móviles tradicionales.
Formación y preparación estructural
El refuerzo tecnológico es solo una parte del programa. El PTRR también prevé el mapeo preventivo de inmuebles públicos susceptibles de ser adaptados para alojamiento urgente en caso de catástrofe o terremoto, incluyendo soluciones en monobloques. Los municipios deberán identificar las viviendas situadas en zonas de alto riesgo e integrar esta información en una base de datos interoperable.
El Fondo de Emergencia Municipal se revisará y podrá ampliarse, con el objetivo de reforzar los mecanismos de apoyo financiero e incentivar los enfoques preventivos. También se prevén acciones de formación para alcaldes y agentes locales, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población y programas regulares de simulacros en escuelas y hogares.
Los expertos subrayan que el éxito del plan dependerá de la formación de los responsables locales y del mantenimiento continuo de los equipos, y no solo de su adquisición. Sin la capacitación técnica adecuada, advierten, la infraestructura instalada podría no cumplir su objetivo en situaciones críticas.
La decisión del Gobierno portugués, tomada tras semanas marcadas por depresiones que pusieron de manifiesto vulnerabilidades energéticas y de comunicación, sitúa la resiliencia tecnológica en el centro de la agenda pública. El debate actual se centra en el equilibrio entre la redundancia eficaz, la soberanía estratégica y la eficiencia de la inversión pública.
