En junio de 2024, un ataque de ransomware contra Synnovis, la empresa que presta servicios de análisis clínicos a varios hospitales británicos, obligó a aplazar más de 11.000 citas y procedimientos sanitarios. Los servicios acabaron restableciéndose, pero la investigación sobre los datos robados se prolongó hasta 2025. Entre una fecha y otra hubo pacientes esperando, profesionales reorganizando su trabajo y responsables sanitarios tratando de explicar lo ocurrido.
El episodio ayuda a entender un problema que las empresas todavía calculan mal. Cuando los delincuentes reclaman un rescate, ponen una cantidad concreta sobre la mesa. Ese número acapara la atención porque permite imaginar una solución rápida: se paga, se recuperan los archivos, y el negocio vuelve a funcionar. Casi nunca es tan sencillo.
El ransomware suele describirse como un secuestro de datos. Es una explicación útil, aunque incompleta. Los atacantes pueden bloquear sistemas, extraer información, y amenazar con publicarla. Pero el mayor daño puede producirse mientras nadie consigue facturar, atender a sus clientes o comprobar qué operaciones siguen siendo seguras. Esas pérdidas no aparecen en la nota de rescate.
El coste de un ataque de ransomware no termina en la empresa atacada
La interrupción de una actividad tiene efectos que se reparten de manera desigual. Una compañía puede asumir durante unos días el coste de tener a sus empleados sin acceso al sistema de gestión. Su proveedor, que depende de recibir pedidos, quizá tenga menos margen. El cliente que esperaba una entrega tampoco participa en la crisis, pero la sufre.
En septiembre de 2025, un ciberataque detuvo durante semanas la producción de Jaguar Land Rover. El Cyber Monitoring Centre estimó en 1.900 millones de libras su impacto económico en el Reino Unido, incluidos los perjuicios sufridos por proveedores, concesionarios y otros negocios. La cifra no era un rescate pagado ni una pérdida atribuida exclusivamente al fabricante. Era una estimación del daño extendido por su cadena de actividad.
Aunque los incidentes tienen características distintas, el caso permite ver algo que también sucede ante los ataques de ransomware: una empresa conectada con cientos de otras, transmite parte de su parálisis. Cuanto más ajustados están los plazos y más dependen los procesos de un sistema compartido, menos tiempo tarda el problema en salir del departamento de informática.
A menudo, la dirección mide la exposición al riesgo por el valor de sus servidores o por lo que costaría contratar especialistas para repararlos. Yo añadiría una pregunta bastante menos cómoda: ¿cuánto dinero deja de ingresar la empresa por cada jornada que no puede operar? Y otra, quizá peor: ¿qué relaciones comerciales se ponen en peligro aunque la actividad se recupere una semana después?
Una venta que nunca se cierra no siempre queda registrada como pérdida. Tampoco es fácil atribuir al ataque la decisión de un cliente que, meses más tarde, elige otro proveedor. Esa dificultad contable no hace que los daños sean imaginarios. Solo consigue que se preste menos atención a los que no pueden expresarse de inmediato en una cifra.
Recuperar los archivos no significa recuperar la actividad
En octubre de 2023, la Biblioteca Británica sufrió un ataque de ransomware que destruyó o inutilizó buena parte de su infraestructura tecnológica. Tenía copias seguras de sus colecciones digitales, pero carecía de infraestructura viable en la que restaurarlas con rapidez. Su informe posterior detalló que algunas aplicaciones antiguas no podían volver a instalarse como estaban y que la reconstrucción obligaba a sustituir o adaptar componentes fundamentales.
Es una distinción decisiva. Disponer de copias de seguridad no equivale a haber probado una recuperación. La copia puede estar intacta y el negocio seguir detenido porque faltan servidores limpios, aplicaciones compatibles o personal capaz de reconstruir las conexiones entre sistemas. Una organización puede cumplir formalmente con sus procedimientos y descubrir demasiado tarde que esos procedimientos nunca se ensayaron en condiciones realistas.
Además, muchos ataques de ransomware incorporan el robo de información. En ese supuesto hay que averiguar qué datos han salido de la empresa, a quién pertenecen y qué obligaciones legales y de comunicación nacen del incidente. El impacto reputacional no se resuelve con un botón de restauración. A veces empieza precisamente cuando vuelven los sistemas, pero la organización todavía no puede dar respuestas convincentes a los afectados.
Por eso me parece poco sensato convertir el pago del rescate en el centro del debate. Las autoridades de ciberseguridad llevan años advirtiendo de que pagar no garantiza recuperar el acceso ni que los delincuentes eliminen los archivos robados. Incluso con una clave de descifrado válida, revisar equipos comprometidos y devolver una red compleja a un estado seguro puede llevar mucho tiempo. La urgencia de reabrir no debería confundirse con la certeza de haber eliminado el problema.
La protección contra ransomware también se decide en el consejo de administración
Si una compañía invierte en digitalizar sus operaciones, pero no sabe cuánto tardaría en recuperarlas tras una intrusión, está aceptando un riesgo económico cuyo tamaño desconoce. La protección contra ransomware necesita herramientas técnicas, desde controles de acceso hasta copias aisladas. También requiere decisiones sobre prioridades que ningún programa informático puede tomar por sí solo.
¿Qué servicio debe recuperarse antes si solo hay recursos para poner en marcha uno? ¿Quién puede ordenar la suspensión de una actividad para evitar que el ataque se propague? ¿Cómo se mantiene la atención a los clientes cuando no funcionan los canales habituales? Son decisiones que afectan a ingresos, contratos y responsabilidades. No deberían improvisarse en una reunión convocada cuando la empresa ya está paralizada.
Hay un argumento legítimo que suele aparecer en las pequeñas empresas: no todas pueden permitirse un equipo de respuesta a incidentes ni simulacros sofisticados. De acuerdo. Pero identificar los procesos sin los que no pueden trabajar, guardar copias comprobables, y acordar cómo actuar durante las primeras horas, está al alcance de muchas más organizaciones de las que lo hacen. La alternativa es confiar en que el incidente nunca llegará o en que alguien sabrá resolverlo sobre la marcha.
Quizá convendría empezar a pedir a los consejos de administración un dato distinto del presupuesto anual de ciberseguridad: el tiempo que la empresa ha demostrado necesitar para restablecer sus operaciones esenciales. No una estimación optimista incluida en una presentación, sino un plazo comprobado en una prueba de recuperación. Ese dato diría más sobre su preparación que una larga lista de productos adquiridos.
El rescate seguirá siendo la cifra más visible de un ataque. Pero cuando una organización no puede servir a sus clientes, sostener sus compromisos o explicar qué ha pasado con la información que custodia, el dinero exigido por los atacantes puede acabar siendo un asunto secundario. El coste que de verdad debería preocupar a la dirección empieza a calcularse mucho antes, cuando todavía puede decidir qué ocurrirá si un día sus sistemas dejan de responder.
Hugo Fuentes es especialista en ciberseguridad, hacking ético e ingeniería social con certificados eCCPT y eAIS en el Instituto de Emprendimiento Avanzado
