Marc Sureda
En agosto del año pasado, el Gobierno decidió cancelar una adjudicación destinada a la red pública RedIRIS que contemplaba el uso de equipamiento del fabricante asiático Huawei. Justificando la medida por razones de autonomía estratégica ante las presiones internacionales para reducir la presencia de esta firma en infraestructuras críticas. Pese a este precedente, la Administración ha vuelto a licitar contratos millonarios basados en tecnología de Huawei tras haber cancelado aquellas adjudicaciones previas. Según apuntan desde la plataforma Licitaciones.io, especializada en el ámbito de los contratos de las administraciones públicas.
Recientemente, la Seguridad Social ha lanzado un concurso de 160,9 millones de euros para mantener sus plataformas de almacenamiento OceanStor Pacific y OceanStor Dorado 8000, las cuales albergan más de 564 terabytes de información. En paralelo, la entidad Red.es ha iniciado un nuevo expediente para asegurar el funcionamiento de la propia RedIRIS apoyándose nuevamente en los sistemas del mismo proveedor.
Estos nuevos expedientes públicos coinciden con la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las reuniones de la cúpula europea de la empresa con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Dos situaciones que convergen en un momento de intenso escrutinio sobre el papel del proveedor asiático en las redes de telecomunicaciones y almacenamiento estatales.
Desde el portal de monitorización de contratación pública, han evaluado los pliegos recientes, señalando que los documentos cumplen formalmente con los principios de concurrencia dictados por la normativa vigente pero, sin embargo, el análisis de las licitaciones revela que el mantenimiento de infraestructuras ya instaladas elimina la competencia real entre distintos fabricantes.
Al requerir soporte para plataformas tecnológicas muy concretas, la disputa comercial se reduce a una pugna entre los distribuidores autorizados de una misma marca, bloqueando en la práctica la entrada de tecnologías alternativas.
Ignacio Huertas, fundador de licitaciones.io explica: «El pliego no demuestra ninguna irregularidad por sí mismo, pero sí refleja un modelo de contratación que limita de facto la competencia y perpetúa una dependencia tecnológica muy difícil de revertir. No había una competencia entre fabricantes. Había una competencia entre distribuidores autorizados de la misma marca.
El propio pliego reconoce que sustituir determinados sistemas resulta complejo o incluso inviable en servicios críticos. Técnicamente, eso es la definición exacta de una dependencia consolidada. El único momento donde puede existir competencia de verdad es en la decisión de migrar o sustituir arquitectura. Mientras eso no ocurra, todos los contratos posteriores son simplemente continuidad operativa«.
En consecuencia, las futuras decisiones de compra en la Administración pública no evaluarán qué opción del mercado resulta más competitiva en términos globales, sino que se limitarán a prolongar la vida útil de la arquitectura actual. La única posibilidad de recuperar la apertura efectiva del mercado radicaría, según el análisis, en asumir la decisión estructural de migrar hacia un diseño tecnológico completamente renovado, momento en el cual sí se produciría una verdadera competencia entre marcas.
