Redacción Digital Inside España
La ciberseguridad se ha consolidado como uno de los principales desafíos para las empresas a escala global. En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); en 2024 se gestionaron 97.348 incidentes, lo que supone un incremento del 16,6% respecto a 2023.
Más de 31.500 de estos incidentes afectaron directamente a organizaciones, incluida una cantidad significativa de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) españolas. En este segmento, los ataques no solo mantienen una frecuencia elevada, sino que el coste de recuperación tras un incidente es cada vez mayor. Francisco Valencia, director general de Secure&IT, explica:“El incremento del coste de un ciberataque se ha acelerado en los últimos años debido a la mayor complejidad técnica de los ataques, la dependencia digital del negocio y las crecientes exigencias regulatorias que afectan a cualquier organización, independientemente de su tamaño”.
El fraude digital concentra la mayoría de los ciberdelitos
El fraude digital se ha convertido en el eje de la delincuencia informática en España. De acuerdo con el último Informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, el 89% de los ciberdelitos registrados corresponden a fraudes informáticos, muchos de ellos dirigidos a empresas, lo que sitúa este tipo de ataques entre los problemas más habituales para el tejido empresarial.
Este contexto afecta con especial intensidad a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% del tejido productivo español y cuya capacidad operativa se apoya de manera creciente en infraestructuras digitales. Desde Secure&IT se observa que la PYME española está hoy más informatizada que nunca, pero también más expuesta a interrupciones derivadas de fallos o ataques sobre sus sistemas.
En este escenario, una interrupción en su ERP (el sistema central de gestión), un fraude por suplantación de identidad, un ataque de ransomware o la caída de un servicio esencial puede traducirse en varios días sin facturar, pérdida de clientes y posibles sanciones, con un coste que continúa al alza. La combinación de impacto operativo directo y posibles consecuencias económicas y legales explica la preocupación creciente por este tipo de incidentes en el entorno PYME.
El incremento del coste asociado a un ciberataque responde, según los expertos consultados, a varios elementos que se refuerzan entre sí. Por un lado, los incidentes actuales suelen combinar técnicas de ingeniería social (engaños dirigidos a usuarios y empleados) con el secuestro de equipos, el robo de credenciales y la exfiltración de datos, lo que complica tanto la detección temprana como la posterior remediación. Por otro lado, la mayor dependencia digital hace que cualquier interrupción impacte de forma directa en procesos esenciales como: las ventas, la facturación, la atención al cliente o la cadena de suministro.
A estos factores se suman nuevas obligaciones regulatorias, entre ellas marcos como NIS2, DORA, ENS o CRA. Estas incorporan requisitos de notificación de incidentes, demostración de diligencia y mantenimiento de medidas de protección adecuadas. En conjunto, la combinación de ataques más complejos, una mayor dependencia digital y nuevas exigencias regulatorias ha elevado el coste medio de los incidentes más de un 25% a nivel global desde 2020, según estudios internacionales citados por Valencia. El directivo destaca que recuperarse de un ataque es hoy mucho más caro que hace cinco años, incluso cuando la empresa no ha experimentado un crecimiento significativo en ese periodo, debido al volumen de trabajo técnico, legal y organizativo que implica volver a la normalidad.
Todo lo anterior sitúa a las PYMEs en una situación de vulnerabilidad específica frente al cibercrimen. Diversos estudios europeos citados por el directivo indican que una parte relevante de estas organizaciones reconoce no disponer de un plan formal de respuesta a incidentes, depende de una única copia de seguridad y carece de visibilidad suficiente sobre los accesos y dispositivos conectados a su red. En la práctica, esta carencia de planificación hace que la reacción ante un ataque sea, con frecuencia, reactiva y descoordinada, lo que prolonga los tiempos de recuperación.
La ausencia de prácticas básicas como copias de seguridad periódicas, mecanismos de autenticación robusta, monitorización continua o revisiones sistemáticas de los proveedores tecnológicos sigue siendo uno de los principales puntos débiles del segmento PYME. Valencia considera que estas debilidades explican que este tipo de empresa continúe siendo un objetivo prioritario para los grupos criminales, no tanto por su tamaño como por su exposición y por su limitada capacidad defensiva frente a incidentes cada vez más sofisticados.
En este marco, el director general de Secure&IT advierte de que el coste de los ataques seguirá aumentando mientras no se cierre la brecha entre las necesidades del negocio y el nivel real de protección. Para la PYME española, contener el impacto económico de los ciberataques exige ajustar su nivel de seguridad al grado de digitalización de sus operaciones y reforzar las medidas preventivas básicas.
