Guillem Alsina Gonzàlez
La respuesta a esta pregunta divide claramente en dos bandos enfrentados a quienes opinan sobre el tema; los defensores de la regulación estricta aducen que, en primer lugar, protege los derechos fundamentales de la ciudadanía al evitar malos usos que tengan el potencial de llevar a discriminación o a vulneraciones de la privacidad, generando con ello la confianza necesaria para adoptar esta tecnología y permitiendo armonizar el mercado único europeo en este sector.
Por lo que respecta a los contrarios a esta postura, favorables a una regulación más laxa como la existente en los Estados Unidos o a la práctica ausencia de esta, la sobreregulación mina la innovación porque muchas empresas prefieren trasladarse o bien operar en países menos regulados, lo que acaba lastrando la economía de la Unión, y ponen como ejemplo que las novedades introducidas por las principales empresas del sector en sus soluciones (cómo OpenAI con ChatGPT) llegan primero a mercados como el estadounidense y, más adelante, al Europeo, al tener que perder un tiempo en adaptarlas al reglamento de protección de datos y otras normativas.
Si bien esto último puede ser también una puesta en escena de unas grandes ‘majors’ de la IA interesadas en la desregulación del sector en la UE y, por lo tanto, que juegan con la crítica de la opinión pública hacia los políticos de Bruselas, cabe recordar que la misma regulación europea también prevé excepciones como en los casos de uso en el sector de la defensa, donde la producción de soluciones de IA está sujeta a unas reglas menos laxas.
Ahora, un nuevo estudio refuerza las conclusiones de otros trabajos anteriores, como este, que apuntan en la dirección de que, efectivamente, la mayor regulación disminuye la innovación si la medimos en el número de patentes realizadas, aunque los análisis realizados hasta la fecha apuntan a que esa misma regulación incrementa la confianza en la adopción de la tecnología en el ámbito empresarial.
Titulado Privacy protection laws, national culture, and artificial intelligence innovation around the world y realizado por miembros de la Universidad de York, la Universidad Politécnica Mohamed VI, la Escuela de Administración de Grenoble, y la Universidad Northeastern, su principal conclusión es que, de media, los países regulados por el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) produjeron un 10,8% menos de patentes de IA por año tras 2011 comparados con los países que no están sujetos a dicha ley.
La metodología del estudio compara cómo evolucionaron las patentes de inteligencia artificial en los países de la Unión Europea respecto a los del resto del mundo, antes y después de que comenzara la reforma de las leyes de privacidad que dio origen al RGPD en 2011. Para ello, los investigadores utilizaron un modelo estadístico que permite aislar el efecto de dicha regulación, teniendo en cuenta las diferencias propias de cada año y de cada región.
La muestra sobre la que se trabajó está constituida por 559.962 patentes de IA registradas entre 2000 y 2019 en 48 países. Además se han controlado factores como la capacidad previa de I+D, el crecimiento del PIB, la libertad económica, el gasto en educación, el número de investigadores, el tamaño poblacional, la fiscalidad y el peso industrial de media-alta y alta tecnología. Los autores también consideraron variables alternativas (publicaciones y empresas de IA) y diferencias de mentalidad social en aspectos como la ética del trabajo.
El efecto medio observado no implica que la regulación imposibilite innovar, sino que introduce costes administrativos y de procesamiento de información que no impactan por igual en todos los contextos. Al respecto, estudios anteriores apuntan a que las empresas que desarrollan soluciones de IA en territorio europeo, han pasado a utilizar menos conjuntos de datos para evitar problemas legales, lo que puede acabar repercutiendo en la calidad de sus productos frente a los de la competencia que se ubican fuera de la UE.
Podríamos, pues, concluir que la regulación tiene sus aspectos positivos y también los negativos, y que el debate público debe centrarse en una regulación que ofrezca el mejor equilibrio entre libertad para desarrollar e innovar, y la protección de la ciudadanía.
