Marc Sureda
El tejido empresarial español continúa enfrentándose a un incremento sostenido de la actividad delictiva en el entorno digital. Según el Informe de Ciberpreparación 2025 de Hiscox, cerca del 60% de las PYMEs españolas ha sido víctima de un ciberataque en los últimos doce meses, una cifra que refleja el nivel de exposición de estas organizaciones en un contexto de amenazas crecientes. El estudio identifica además que más de la mitad de estas empresas ha experimentado hasta diez incidentes en un solo año, lo que confirma que la frecuencia de los ataques se mantiene al alza.
Este escenario se produce en un momento en el que España figura entre los países europeos que más actividad maliciosa recibe. Factor impulsado por factores como la profesionalización de los grupos criminales, el crecimiento del ransomware como servicio, el uso de campañas de phishing cada vez más específicas y la explotación de vulnerabilidades en herramientas digitales ampliamente utilizadas.
Los ciberataques continúan siendo la principal inquietud para las PYMEs españolas por tercer año consecutivo. En 2025, un 39% de estas empresas sitúa estas amenazas en el primer puesto de sus preocupaciones, lo que evidencia la dificultad creciente para anticipar y contener incidentes. A esta percepción se añaden otros riesgos relacionados con la protección de información sensible, que un 37% de las PYMEs identifica como una de sus mayores vulnerabilidades, especialmente por el impacto que tendrían eventuales filtraciones de datos internos o de clientes.
Las obligaciones derivadas de los cambios normativos en ciberseguridad también generan incertidumbre. El 36% de las compañías asegura sentirse presionado por la necesidad de adaptarse continuamente a nuevas exigencias legales, mientras que un 34% teme perder la confianza del personal tras un incidente, lo que muestra que las consecuencias de un ataque afectan igualmente al ámbito humano y a la cultura corporativa.
Impacto creciente en el rendimiento y la continuidad del negocio
La dependencia digital de las pymes amplifica los efectos de cualquier incidente. El 38% de estas empresas reconoce haber sufrido un descenso en sus indicadores de rendimiento tras un ciberataque, con repercusiones directas sobre su actividad comercial, su capacidad operativa y su posición competitiva. Para el 36%, la gravedad del incidente llegó incluso a amenazar su solvencia o continuidad, lo que subraya que los ataques ya no se limitan a interrupciones técnicas puntuales, sino que pueden comprometer la viabilidad del negocio.
A estas consecuencias se añaden las implicaciones económicas derivadas de los incumplimientos o de los requisitos legales posteriores a un incidente. El 33% de las PYMEs declara haber afrontado una sanción relevante tras un ataque, mientras que un 31% asume sobrecostes asociados a la obligación de notificar a clientes afectados. Estos datos evidencian que los impactos financieros de los incidentes se extienden más allá de las pérdidas operativas e incluyen obligaciones regulatorias que pueden repercutir de manera significativa en la tesorería de las organizaciones.
Efectos reputacionales y deterioro de las relaciones comerciales
El impacto sobre la reputación y las relaciones con terceros continúa siendo notable. El 29% de las PYMEs afectadas afirma haber sufrido mala publicidad tras un incidente, una cifra que, aunque inferior a la registrada en 2024, continúa mostrando la sensibilidad del mercado ante este tipo de situaciones. En paralelo, el 28% asegura haber tenido más dificultades para captar nuevos clientes.
La extensión de brechas de seguridad a socios externos, provocada de manera involuntaria por el 27% de las PYMEs afectadas, es otro de los efectos colaterales más relevantes. Además, un 25% declara haber perdido socios comerciales y un 22% confirma la pérdida directa de clientes tras un ataque. Estos datos muestran que la erosión de la confianza en el ecosistema empresarial sigue siendo uno de los efectos más persistentes de los ciberincidentes, afectando tanto a la reputación como a la estabilidad de las alianzas comerciales.
En conjunto, el informe evidencia que la presión del cibercrimen sobre las pequeñas y medianas empresas españolas sigue en aumento, tanto en frecuencia como en gravedad. La combinación de amenazas más especializadas, mayores obligaciones regulatorias y un impacto reputacional más difícil de gestionar dibuja un escenario en el que la ciberseguridad se consolida como un componente esencial para la continuidad y resiliencia de las organizaciones.
