Guillem Alsina Gonzàlez
Si bien la contratación pública europea representa más del 14% del PIB de la UE, la contratación transfronteriza de GovTech (tecnología aplicada al gobierno, generalmente para facilitar la relación de este con los ciudadanos) sigue siendo una práctica limitada, representando menos del 3% del total de las licitaciones públicas.
Es por ello que, desde el Joint Research Center de la Comisión Europea, se ha llevado a cabo un estudio que constituye el primer análisis sistemático, basado en datos, sobre las administraciones públicas como compradoras del ecosistema GovTech, identificando los factores institucionales, estratégicos y de gobernanza que determinan su disposición para adquirir soluciones digitales innovadoras a nivel internacional.
Las investigaciones previas se habían centrado en las dificultades que experimentaban los proveedores tecnológicos, especialmente las empresas emergentes y de menor tamaño, al intentar acceder a los concursos públicos, por lo que ahora se ha optado por cambiar el punto de vista centrándose en las prácticas de la administración pública como cliente.
Este estudio se ha realizado a partir del análisis de más de 1,6 millones de registros de contratación de Tenders Electronic Daily y complementado con entrevistas a profesionales de administraciones públicas de toda Europa y expertos en la materia
Para la Comisión, la transformación digital del sector público europeo es un objetivo central para la presente década, al que busca respaldar con normativas comunitarias destinadas a fomentar la interoperabilidad.
Los datos de mercado analizados revelan que la falta de integración se debe principalmente al grado de preparación de las administraciones, una preparación que se divide en dos grandes áreas, siendo la primera de ellas la capacidad interna de los organismos públicos.
Dentro de esta esfera, las administraciones que adoptan una mentalidad estratégica orientada a la innovación y muestran afinidad por colaborar con empresas de menor tamaño, tienen muchas más probabilidades de buscar soluciones fuera de sus fronteras. Así mismo, la profesionalización de los departamentos de compras y la flexibilidad para utilizar distintos procedimientos de adjudicación, resultan fundamentales para gestionar la complejidad técnica y legal de los contratos internacionales.
La segunda área clave hace referencia a la preparación externa de las entidades gubernamentales. En este ámbito exterior, la comprensión profunda del mercado tecnológico europeo y la experiencia previa en la colaboración con proveedores extranjeros, actúan como catalizadores para futuras contrataciones internacionales. Además, la transparencia operativa en los procesos de licitación, garantizada mediante la publicación de los requisitos de forma accesible, minimiza las barreras informativas que habitualmente penalizan a las compañías que operan desde otros países.
Ante este escenario estructural, el informe propone una serie de medidas políticas para fomentar un ecosistema de compras más cohesionado e interoperable, con acciones sugeridas entre las que destaca la necesidad de integrar indicadores de capacidad de contratación dentro de los marcos de seguimiento digital europeos para evaluar el progreso real de las administraciones. También se plantea el desarrollo de centros de competencia que ayuden a formar a los empleados públicos y les asesoren en la elección de los formatos de licitación más adecuados.
Por otro lado, los autores recomiendan reducir los obstáculos burocráticos mediante una mayor armonización de los requisitos de registro de proveedores a nivel continental. Para mitigar la aversión al riesgo institucional, se sugiere impulsar proyectos piloto conjuntos amparados por programas de financiación comunitaria.
Finalmente, la evolución de las plataformas de datos abiertos hacia un mercado de entrada único, mejoraría significativamente la visibilidad de las oportunidades de negocio y facilitaría la participación de proveedores internacionales.
El objetivo último de todas estas iniciativas radica en fortalecer la soberanía digital y mejorar la eficiencia de los servicios públicos mediante una mayor integración de los actores tecnológicos.
