Marc Sureda
La Comisión Europea ha emitido dos resoluciones en las que determina que Google ha incumplido la Ley de Mercados Digitales, lo que ha derivado en la imposición de dos multas que suman 890 millones de euros. La primera sanción, de 460 millones de euros, penaliza el trato preferente que la corporación ha otorgado a sus propios servicios en las búsquedas de Google Search. Mientras que la segunda multa, fijada en 430 millones de euros, castiga las restricciones impuestas a las empresas de desarrollo de software para redirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos y frecuentemente más económicos a través de Google Play.
En lo referente al motor de búsqueda, la normativa europea establece que las empresas designadas como guardianas de acceso no pueden favorecer sus propios servicios en las clasificaciones de resultados frente a los de terceros, debiendo aplicar siempre condiciones transparentes, justas y no discriminatorias. Las investigaciones han concluido que la corporación otorga mayor visibilidad a sus propias herramientas de compras, reservas de hoteles, transporte y resultados deportivos. Esta mayor prominencia se consigue situando los servicios propios en la parte superior de la página de resultados o mediante el uso de filtros y elementos visuales mejorados, ventajas de las que carecen los servicios equivalentes proporcionados por terceros.
Por otro lado, en relación con la tienda de aplicaciones, la legislación exige que los creadores de programas puedan informar gratuitamente a los usuarios sobre ofertas alternativas y dirigirles a ellas para realizar compras en canales externos de su elección. Las autoridades han determinado que la empresa impide a los desarrolladores comunicarse libremente, promocionar sus ofertas y cerrar contratos con los usuarios más allá de su propio entorno. Aunque la normativa permite el cobro de una tarifa por facilitar la captación inicial de un cliente, las cuantías monetarias y la duración temporal de las tarifas aplicadas por la compañía en relación con el redireccionamiento de usuarios superan los límites permitidos para cumplir la ley.
La institución europea ha ordenado a la corporación que ponga fin a estas prácticas de forma inmediata para restituir el cumplimiento normativo. Como respuesta a estas exigencias y tras mantener un diálogo constructivo, Google ha propuesto y comenzado a probar modificaciones en la presentación de sus servicios gratuitos y de sus anuncios en el buscador. Además de implementar cambios en las condiciones de redireccionamiento de su tienda de aplicaciones. Las autoridades consideran que estos pasos constituyen un progreso sustancial hacia la legalidad y continuarán supervisando su evolución. Adicionalmente, se están evaluando las propuestas presentadas por la empresa sobre cómo aplicará estas decisiones a sus nuevas funcionalidades y modos basados en inteligencia artificial.
La compañía dispone ahora de un plazo estricto de 60 días para acatar plenamente las decisiones dictaminadas por la Comisión Europea. En caso de no cumplir con esta obligación, se enfrenta a posibles pagos de multas coercitivas periódicas que podrían alcanzar hasta el 5% de su volumen de negocios mundial total. Cabe recordar que la corporación fue designada como guardiana de acceso en el mes de septiembre del año 2023 por el funcionamiento de su motor de búsqueda. Esta categorización motivó la apertura de las investigaciones por incumplimiento en marzo de 2024. El importe de las sanciones económicas actuales se ha calculado evaluando la gravedad, la duración y la recurrencia de las infracciones cometidas, si bien la empresa mantiene la posibilidad de presentar un recurso contra estas resoluciones.
