Guillem Alsina Gonzàlez
Siempre que leo o escucho algo sobre una encuesta gubernamental, sea del país que sea, no puedo evitar que me venga a la cabeza uno de los tantos memorables sketches que nos legó la grandiosa producción Si, primer ministro (Yes, Prime Minister) de la BBC, referido, precisamente, a las encuestas oficiales.
En él, Sir Humphrey Appleby explica al siempre inocente Bernard como amañar sutilmente el resultado de una encuesta dirigiendo al encuestado a través de una serie de preguntas preparadas ex-profeso para obtener el resultado buscado, pero sin que el encuestado se dé cuenta de ello.
Que la realidad puede superar a la ficción ya se ha demostrado muchas veces y, en el caso de la política, parece que la Unión Europea habría podido aprender mucho de los guionistas de la mítica sátira política si hacemos caso al Consumer Choice Center Europe (CCCE), una organización independiente cuya finalidad es la de promover la adopción, en Europa, de políticas innovadoras que favorezcan a los consumidores, educando a estos últimos, a los responsables de la innovación, y a quienes deben trazar las normas (entre ellos, los políticos) en las mejores prácticas.
Según un post publicado el pasado 13 de octubre en su sitio web, el CCCE acusaba a la Unión Europea de manipular el proceso de consulta pública sobre la propuesta de Ley de Equidad Digital con una encuesta cuya ausencia de opciones para llevar la contraria poco tendría a envidiar a las tretas del veterano Sir Humphrey.
La Ley de Equidad Digital consiste en una propuesta legislativa de la Comisión Europea que busca abordar los los patrones oscuros (trucos en páginas web de compra para conducir al usuario a que haga algo sin que se dé cuenta), la personalización, los contratos y el marketing de influencia. La propuesta inicial se ha sometido a un periodo de consulta pública abierto entre el 17 de julio y este pasado viernes día 24 de octubre, durante el cual los ciudadanos europeos han podido dar su opinión a través de una “llamada a aportar evidencias” (Call for Evidence) combinada con una consulta pública de apoyo.
Dicha consulta plantea respuestas de elección múltiple y un campo abierto para ampliar argumentos, reservado únicamente a quienes respaldan la propuesta regulatoria. En cambio, y según denuncia el CCCE, quienes consideran que no es necesaria una nueva intervención en la regulación, se encuentran con una sola opción (“No se necesitan acciones”), sin posibilidad de exponer sus argumentos en contra de la propuesta de normativa.
Esta asimetría preocupa al Centro porque la futura evaluación de impacto tendrá en cuenta los resultados de la consulta y, sin un espacio para que los ciudadanos puedan explicar su postura de desacuerdo, podría recoger solo una parte de las posiciones existentes en Europa. Además, y según el mismo CCCE, esta forma de diseñar cuestionarios no es nueva ni exclusiva de esta propuesta (aunque desconozco si su autor fue un tal Sir Humphrey allá por la década de los 80…).
Desde la organización, proponen que para ajustarse a los principios de “Mejor Regulación” y asegurar una participación abierta y equilibrada de los grupos de interés, deben introducirse cambios en la metodología.
En el ámbito de las ciencias políticas -explican desde el CCCE- se enseña que los cuestionarios deben ser neutrales, evitando preguntas cargadas o con más de una idea a la vez, definir los términos clave y ofrecer un marco equilibrado que permita expresar distintas opiniones. Según la organización, estos principios no siempre se cumplen en la práctica europea, tanto en organismos públicos como privados, lo que desvirtúa el objetivo de estas consultas.
En vez de favorecer la inclusión y reflejar la diversidad de puntos de vista, los diseños sesgados tienden a orientar las respuestas hacia un resultado predeterminado, alejándose de una elaboración normativa basada en evidencias, que exige incorporar opiniones divergentes.
Finalmente, en su comunicado desde el CCCE apuntan a que la Comisión Europea dispone de recursos y capacidad para elevar el listón metodológico de sus consultas y encuestas, de modo que dicho estándar pueda extenderse al resto de las organizaciones, asegurando cuestionarios con preguntas neutrales, opciones equilibradas y espacio para argumentar tanto el acuerdo como el desacuerdo, con el fin de que la toma de decisiones se sustente en una imagen más completa de las posiciones existentes.
El resultado de esta consulta pública se dará a conocer en un plazo de ocho semanas, lo que lo sitúa en el calendario a finales de año y en plenas fechas navideñas. La Comisión Europea publicará un informe resumido del resultado. Por el momento, parece que desde la UE han rehuido cualquier autocrítica al respecto de las acusaciones vertidas por el CCCE.
