Forrester Research pone de relieve el impacto de la IA y la geopolítica en las amenazas de ciberseguridad para 2026

En uno de sus recientes análisis, anticipa que la evolución de los sistemas autónomos y las tensiones internacionales definirán los principales riesgos en materia de ciberseguridad corporativa durante los próximos años, exigiendo nuevos enfoques operativos en la gestión de identidades y un control estricto sobre la cadena de suministro del software.
27 de julio, 2026
Digital Inside_Zscaler_ciberseguridad

El panorama de las amenazas informáticas está siendo reconfigurado principalmente por el avance de la innovación en inteligencia artificial y la persistencia de las tensiones geopolíticas a nivel internacional, donde coyunturas como las tensiones entre Estados Unidos e Irán ya han provocado un aumento de incidentes reales que afectan a infraestructuras críticas. Esta situación está sometiendo a una gran presión a los directores de seguridad de la información de las organizaciones, principalmente las de maayor tamaño, quienes se ven obligados a gestionar programas de protección cada vez más complejos.

Para ayudar a los responsables tecnológicos a planificar sus defensas de manera eficiente, la firma de análisis Forrester Research ha publicado un informe que detalla los riesgos corporativos previstos para los próximos años.

La evolución de las amenazas de inteligencia artificial ha transitado desde los problemas iniciales de integridad de los datos, hasta el perfeccionamiento de las extorsiones tecnológicas. Durante el año 2023, la principal preocupación de los departamentos de TI residía en la confianza depositada en los grandes modelos de lenguaje. Posteriormente, en 2024, el riesgo se trasladó al uso de esta tecnología para facilitar ataques basados en campañas de desinformación, la creación de contenidos audiovisuales falsificados y las fugas de información, evidenciándose también las primeras vulnerabilidades en los modelos de código abierto.

Hacia 2025, estos riesgos evolucionaron con la maduración técnica de las falsificaciones, la excesiva adopción de sistemas generativos por parte de las empresas y la aparición de incidentes de extorsión impulsados por algoritmos avanzados. De cara a este 2026, los directivos se enfrentarán a ataques cibernéticos casi autónomos ejecutados por actores estatales.

Distintos atacantes gubernamentales ya están empleando modelos avanzados para realizar campañas de ciberespionaje, lo que les permite automatizar y escalar las explotaciones de vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes. Como respuesta a esta amenaza, los departamentos tecnológicos deberán preparar sus defensas implementando capacidades de seguridad que también sean autónomas y que estén basadas en parámetros de confianza, coste y utilidad.

Paralelamente, el uso corporativo de agentes personales de inteligencia artificial introducirá riesgos operativos al funcionar en segundo plano y sin supervisión directa. Estas herramientas pueden acceder a los navegadores y a las bandejas de correo de forma completamente opaca, actuando a la velocidad de las máquinas, lo que obligará a las empresas a inventariarlas exhaustivamente y a gobernar su uso mediante plataformas de gestión de proveedores dedicadas.

La protección de la infraestructura exigirá asegurar la cadena de suministro de software y aplicar controles de identidad específicos para entidades autónomas. Las organizaciones tendrán que documentar todos los componentes técnicos, requerir listas de materiales transparentes y aplicar normativas internas que limiten estrictamente la capacidad de acción de dichos agentes.

Esta situación fuerza una transición obligatoria en la gestión de identidades y accesos, comportando el abandono de los sistemas tradicionales en favor de la adopción de plataformas capaces de auditar la procedencia, las peticiones externas y los permisos de cada agente de manera individualizada.

Finalmente, y según Forrester, el fomento de la soberanía digital a nivel regional está generando entornos tecnológicos fragmentados que exponen a las organizaciones ante las exigencias normativas locales, por lo que resulta imprescindible evaluar a los proveedores de tecnología soberana como un riesgo adicional mediante pruebas de estrés técnico y la aprobación expresa y obligatoria de los responsables de seguridad.