Guillem Alsina Gonzàlez
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública daba a conocer hace unos días una consulta pública para recoger información y propuestas sobre el futuro apagado de las tecnologías 2G y 3G en España. El objetivo es disponer de una visión completa de los impactos y necesidades de la transición, con aportaciones no solo de los operadores, sino también de administraciones y otros agentes afectados.
El Ministerio plantea esta consulta como una herramienta para preparar una migración planificada y coordinada hacia las redes más actuales 4G y 5G. En la práctica, la información recabada servirá para definir elementos clave de la transición, como los calendarios de apagado por operador y tecnología, los planes de migración de servicios y dispositivos que dependen de 2G y 3G hacia las 4G y 5G, y los mecanismos para acompañar a los usuarios durante el cambio, de manera que también se garantize la continuidad del número de emergencias 112.
Para ello, también se contemplan indicadores de seguimiento que permitan medir el avance y detectar riesgos, en particular en aquellos ámbitos donde el impacto de un fallo de conectividad sería más sensible.
Desde el Ministerio subrayan que dicha transición debe desarrollarse con criterios de protección del usuario, coordinación territorial y transparencia. En esta línea, se prevé la creación de un grupo de trabajo de seguimiento que articule la coordinación durante el apagado, con participación de operadores, organismos sectoriales y colectivos especialmente afectados.
Uno de los puntos centrales de la consulta, que se mantendrá abierta hasta el próximo 20 de enero de 2026, es cómo se comunicará el proceso. El cuestionario pregunta específicamente por la estrategia de comunicación prevista, incluyendo plazos de preaviso, canales y mensajes tipo, así como campañas y mecanismos de atención a clientes. Se trata de un aspecto especialmente relevante para organizaciones que gestionan grandes parques de dispositivos y para usuarios finales que podrían verse afectados sin ser conscientes de que su terminal o servicio depende de tecnologías antiguas.
Desde el Ministerio piden aportaciones sobre la estrategia de comunicación, incluyendo preavisos, canales, campañas y atención a clientes durante la transición, una parte del proceso que puede ser determinante para reducir incidencias, facilitar sustituciones de equipos a tiempo y evitar interrupciones no planificadas.
La consulta también aborda medidas específicas para dispositivos y servicios concretos que, por su naturaleza, pueden no estar en el radar del consumidor, pero sí en el de empresas, administraciones y gestores de infraestructuras. Entre los ejemplos citados figuran: eCall, alarmas, ascensores y dispositivos de geolocalización entre otros.
En estos casos, el apagado de 2G y 3G exige planes de sustitución o actualización que garanticen la continuidad de funcionamiento, de acuerdo con las necesidades de cada despliegue. Este enfoque pretende evitar que la transición se limite a la telefonía móvil de consumo y tenga en cuenta el amplio ecosistema de equipos conectados que, en muchos entornos; se ha diseñado en torno a estas redes por su disponibilidad histórica.
En paralelo, desde el Ministerio también preguntan por medidas dirigidas a colectivos vulnerables, citando expresamente a personas mayores, quienes dependen de teleasistencia, personas con discapacidad o con barrera idiomática, así como a usuarios en zonas rurales. El propósito es identificar dónde pueden concentrarse las fricciones y qué acciones de acompañamiento serían necesarias para asegurar que el apagado no se traduzca en exclusión o pérdida de servicios esenciales.
El Ministerio encuadra el presente apagado en un contexto europeo; según se explica en la consulta, otros países del entorno están inmersos en este mismo proceso, ya que se trata de redes implantadas hace más de dos décadas y que se acercan al final de su ciclo tecnológico. Mantener activas estas tecnologías, añade el texto, implica costes elevados, un mayor consumo energético y limitaciones de capacidad y seguridad en comparación con las redes actuales.
Desde el punto de vista de la gestión de recursos radioeléctricos, el apagado permitiría liberar espectro principalmente en las bandas de los 900 y los 2.100MHz. Ese espectro podría reutilizarse para reforzar la cobertura y la capacidad de 4G y 5G, con el objetivo de mejorar prestaciones como velocidad, fiabilidad y eficiencia energética. En términos de infraestructura digital, el Ministerio vincula este movimiento con la aspiración de contar con una base tecnológica más moderna, eficiente y sostenible.
A partir de las aportaciones recibidas, el Ministerio aspira a disponer de elementos suficientes para articular una transición ordenada y transparente, minimizando impactos sobre usuarios y servicios que todavía operan sobre 2G y 3G. El calendario inmediato del proceso queda marcado por el periodo de participación.
