Guillem Alsina Gonzàlez
Exactamente un año después de que se regulara su expedición por parte del Consejo de Ministros, hoy, 2 de abril de 2026, entra en vigor el uso del DNI electrónico para, cómo mínimo, la realización de gestiones telemáticas, firma electrónica y otras operaciones a través de Internet. Entidades tanto públicas como privadas, deberían aceptarlo ya sin problemas.
No obstante, y cómo ya sabemos de otros casos cómo el de Verifactu, la realidad puede distar de aquello propuesto y dispuesto, y pese a que no ha habido -al menos, hasta donde tengo constancia- ninguna contraorden del gobierno, podemos encontrarnos fácilmente con que en algunas instituciones, dependencias gubernamentales y, especialmente, empresas, no estén todavía preparados para aceptar dicha versión digital para identificarse. Incluso con los cuerpos policiales.
Así que mi recomendación, al menos por el momento, es llevar con nosotros el DNI convencional físico, y también el digital, primando este último para nuestra identificación, y recurriendo al primero en el caso de que no nos sea posible.
Para disponer del DNI digital necesitaremos instalar en nuestro dispositivo móvil la app MiDNI, desarrollada a través de la Dirección General de la Policía en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, e integrada en el marco del Plan de Identidad Digital.
Entre las gestiones cotidianas que podemos hacer con nuestro DNI digital, al menos en teoría, encontramos cosas como abrir cuentas bancarias, registrarse en alojamientos o justificar la edad legal. El funcionamiento de MiDNI vincula la identidad del usuario a un único número de teléfono y, para garantizar la privacidad, la plataforma genera un código de respuesta rápida que permite compartir únicamente los datos estrictamente necesarios según el trámite a realizar.
El sistema ofrece una modalidad básica que muestra la información esencial, como el nombre, la fotografía, el sexo, la validez del documento o la fecha de nacimiento, y una modalidad completa que emite una advertencia al usuario antes de proceder a compartir la totalidad de la información contenida en su perfil. Con este mecanismo, las autoridades esperan asegurar que los dispositivos de captura receptores solo recopilen la información previamente autorizada.
El alta en el servicio requiere disponer del documento físico en vigor con sus certificados electrónicos activos y puede realizarse a través de Internet con un lector de tarjetas, o de forma presencial en las dependencias policiales. Si se opta por la vía telemática a través del portal oficial, el sistema requiere una identificación con las claves en vigor para enviar un mensaje de texto al terminal del usuario y asociar así su número personal.
Si optamos por la alternativa presencial, esta permite utilizar los puestos de actualización de documentación disponibles en las comisarías introduciendo los datos manualmente, o bien solicitar asistencia al personal de expedición para obtener el código de registro durante el proceso de renovación del soporte tradicional.
La fecha de caducidad de esta credencial electrónica coincidirá siempre con la del soporte plástico, requiriendo una nueva activación en el terminal telefónico tras cada renovación. De esta manera, las autoridades se aseguran de que los certificados mantengan su vigencia y correspondencia exacta con el documento original, garantizando en todo momento la fiabilidad de las transacciones informáticas frente a terceros.
