Empresas y administraciones frente al reto de la accesibilidad digital

Desde el 28 de junio las empresas españolas han pasado a jugar con nuevas reglas: diseñar webs, apps y plataformas accesibles ya no es una recomendación, sino un requisito legal que acarrea sanciones de hasta un millón de euros en caso de incumplimiento.
14 de julio, 2025

Desde el pasado 28 de junio todas las compañías que operan en España deben garantizar que sus productos y servicios digitales sean utilizables por cualquier persona, incluidas aquellas con discapacidad, las personas mayores y los usuarios con baja competencia tecnológica. Este mandato responde a la transposición de la Ley Europea de Accesibilidad y afecta tanto al sector privado como a las administraciones públicas.

La norma impone requisitos concretos de diseño: textos claros, contraste visual elevado, compatibilidad con lectores de pantalla y un servicio de atención al cliente accesible. Además, obliga a documentar cada fase del proceso y a formar al personal involucrado. El incumplimiento puede derivar en multas de hasta un millón de euros y un daño reputacional difícil de revertir, si bien se contemplan excepciones cuando la adaptación suponga una “carga desproporcionada”.

Para Isabel García, consejera delegada de la startup española Bleta y especialista en tecnología inclusiva; la entrada en vigor de la ley representa “un punto de inflexión” que obliga a replantear el diseño “desde la empatía y la funcionalidad real”. Su empresa somete cada aplicación a pruebas continuas con usuarios reales para validar aspectos como el tamaño de los botones o la estructura de los menús. El objetivo, no es limitarse a cumplir un estándar técnico, sino evitar la frustración de quienes ya se sienten desplazados por lo digital.

El nuevo marco legal se alinea con las directivas europeas e identifica la navegación intuitiva, el contraste adecuado y la plena compatibilidad con tecnologías de apoyo como los lectores de pantalla como pilares de un “diseño verdaderamente inclusivo”. Aun así, los retos persisten. El Informe Sociedad Digital en España 2023 de Fundación Telefónica revela que menos del 50% de los mayores de 65 años utilizan aplicaciones móviles de forma autónoma y muchos experimentan ansiedad o sensación de incompetencia ante plataformas poco amigables.

García subraya que centrarse únicamente en evitar sanciones sería una visión limitada. Entender la accesibilidad como un motor para mejorar la calidad del producto y ampliar el público potencial es, en su opinión, la verdadera oportunidad que ofrece la ley. Desde Bleta (empresa que se presenta como dedicada en exclusiva a la tecnología inclusiva y que asegura haber superado las 170.000 descargas de su aplicación en veinte países); sostienen que el cumplimiento normativo es solo el primer paso de un camino que debe integrar la accesibilidad desde el inicio de cualquier proyecto digital.