Guillem Alsina Gonzàlez
El sector de las telecomunicaciones móviles en la Unión Europea generó una aportación económica de 1,1 billones de euros durante 2025, según afirma la GSMA en su último informe sobre la economía móvil en Europa para el presente año 2026, lo que representa el 6,1% del producto interior bruto de la región. Esta cifra se apoya principalmente en las mejoras de productividad empresarial y en la contribución directa del propio ecosistema tecnológico.
Por su parte, las previsiones apuntan a que el impacto económico de las redes móviles alcanzará los 1,6 billones de euros en 2030, impulsado por la expansión del 5G, la inteligencia artificial y la Internet de las cosas. Además, la industria sustentó directa e indirectamente 2,4 millones de puestos de trabajo durante el pasado ejercicio y realizó una aportación fiscal a las arcas públicas europeas de 110.000 millones de euros.
Pese a estos datos macroeconómicos, la industria se enfrenta a un importante reto financiero para la próxima década. Y es que los operadores prevén invertir 270.000 millones de euros entre 2026 y 2036 únicamente para mantener el ciclo habitual de actualización tecnológica y reemplazo de equipos. Sin embargo, los análisis del sector indican que serán necesarios 200.000 millones de euros adicionales para que Europa recupere la competitividad global en conectividad, elevando la inversión total requerida a 475.000 millones de euros.
Este capital extraordinario deberá destinarse a dotar de cobertura 5G a las principales rutas de transporte, extender esta tecnología a todas las zonas pobladas, mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a amenazas cibernéticas y climáticas, y preparar las redes para soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Para viabilizar este volumen de gasto de capital, los análisis históricos del mercado europeo muestran que una mayor concentración del mercado incentiva la inversión por operador. Los datos recopilados evidencian que los mercados con tres operadores registran inversiones significativamente más altas por actor que aquellos fragmentados en cuatro competidores. Por ello, se demanda una revisión de las directrices de fusiones horizontales de la Unión Europea para que dejen de centrarse exclusivamente en los efectos estáticos a corto plazo sobre los precios, y valoren el impacto a largo plazo en la innovación y la construcción de capacidades tecnológicas.
Junto al aspecto financiero, la ciberseguridad se ha erigido en una prioridad ante el continuo volumen de ataques directos a las redes, lo que está obligando a las compañías a invertir en automatización y centros especializados de operaciones. Al mismo tiempo, las empresas de telecomunicaciones se están posicionando en el emergente mercado de la inteligencia artificial soberana. Aprovechando su experiencia en el manejo de infraestructuras críticas y entornos regulados, diversas compañías están construyendo fábricas de inteligencia artificial equipadas con procesadores avanzados y centros de datos en el borde de la red, garantizando que el procesamiento de la información se rige bajo normativas locales y permanece dentro de las fronteras de la UE.
Según sigue afirmando la GSMA en su informe, en el ámbito medioambiental y social, el continente europeo destaca por el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones de bajo impacto ecológico, según métricas que evalúan la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables. Países como Suiza, Suecia y España encabezan los índices de sostenibilidad de red.
Las operadoras también están impulsando la inclusión digital mediante el despliegue de tarifas sociales orientadas a colectivos vulnerables, así como programas de formación en habilidades digitales y soluciones integradas para la protección de los menores en Internet.
Finalmente, y ya en el plano legislativo, la asociación representante de las operadoras de telecomunicaciones, insta a corregir las recientes propuestas regulatorias comunitarias. Si bien la entidad valora positivamente las medidas sobre el espectro radioeléctrico incluidas en el proyecto de Ley de Redes Digitales, que propone licencias de cuarenta años o indefinidas y renovaciones automáticas para fomentar la certidumbre, también critica que el texto no simplifica verdaderamente la carga normativa.
En concreto, la GSMA reprocha que la nueva legislación no moderniza las reglas de neutralidad de la red ni impone obligaciones vinculantes a los grandes generadores de tráfico en Internet, de acuerdo con el principio de que los mismos servicios deben estar sujetos a las mismas reglas.
De la misma manera, rechaza las exigencias de la nueva Ley de Ciberseguridad, argumentando que impone exigencias operativas desproporcionadas y requisitos de retirada de tecnología, lo que desviaría recursos críticos necesarios para el despliegue de nuevas conectividades.
