Guillem Alsina Gonzàlez
El informe Atlas de la IA en España, realizado por el Gobierno español con el apoyo de la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, detalla que un 44% de la población laboral y un 21% de las empresas, utilizan sistemas de inteligencia artificial. Dichos datos sitúan al país en la sexta posición mundial en adopción ciudadana de herramientas generativas.
En el ámbito de la administración pública, el informe registra la mayor acumulación global de referencias a esta tecnología en procedimientos legislativos entre los años 2016 y 2024, además de ocupar la tercera posición mundial en volumen de contratos públicos vinculados a estas soluciones.
La administración española impulsa su propia adopción tecnológica mediante una plataforma soberana que permite a los distintos organismos compartir capacidades de cómputo bajo control propio, además de poseer un entorno regulatorio que incluye la agencia nacional de supervisión.
El informe explica que también se ha activado un laboratorio de innovación con diecinueve proyectos orientados a automatizar tareas documentales y de inspección, con una estrategia que incluye un proyecto de ley orgánica que establece un régimen sancionador, obliga a disponer de delegados tecnológicos en los ministerios, y crea un entorno de pruebas aislado donde doce compañías ya analizan sus sistemas.
El estudio también analiza el tejido productivo, indicando que dispone de programas de digitalización y fondos estratégicos valorados en miles de millones de euros para integrar estas herramientas productivas, con planes de ayudas orientados a pequeñas compañías y trabajadores autónomos que han canalizado cerca de cuatro mil millones de euros mediante más de un millón de concesiones.
Paralelamente, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica gestiona 820 millones de euros para microelectrónica y 1.500 millones de euros para tecnologías de frontera. El apoyo corporativo se completa con una normativa para empresas emergentes que ampara a más de 2.300 entidades registradas, y con inversiones específicas para la creación de espacios de datos sectoriales.
La autonomía tecnológica se afianza con las recientes inversiones en instalaciones de supercomputación, el apoyo a la industria de los semiconductores y el desarrollo de modelos de lenguaje públicos. El país alberga dos instalaciones europeas dedicadas a este ámbito en Galicia y Barcelona, habiéndose adjudicado recientemente 129 millones de euros para ampliar la máquina Mare Nostrum 5.
En el terreno del software, las administraciones han publicado familias de modelos abiertos entrenados parcialmente en las distintas lenguas oficiales del estado para evitar dependencias externas. Esto se complementa con aportaciones superiores a los 150 millones de euros destinadas a empresas especializadas en el diseño de procesadores de alto rendimiento.
Finalmente, y según el documento, las necesidades de capacitación laboral se abordan mediante planes de competencias y nuevas titulaciones oficiales de formación profesional. Las administraciones han articulado 3.000 millones de euros que se traducen en más de 83.000 formaciones activas para distintos perfiles profesionales.
A nivel académico, se han introducido especializaciones en gestión de datos y aprendizaje automático, destinando complementariamente más de 76 millones de euros a financiar 58 cátedras universitarias vinculadas a la tecnología.
