Guillem Alsina Gonzàlez
Durante su intervención, este pasado miércoles día 19, en el IV Foro Metafuturo celebrado en el Ateneo de Madrid, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, revelaba al público y los medios congregados que el gobierno español investigará a Meta por un presunto rastreo de usuarios de sus aplicaciones móviles en dispositivos Android.
El punto de partida de la actuación del Gobierno se sitúa en una investigación académica conjunta llevada a cabo por expertos de IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Holanda), que han analizado durante meses el comportamiento de las aplicaciones de Meta en dispositivos Android, y sus conclusiones apuntan a que la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp habría utilizado durante casi un año un mecanismo no visible para el usuario que permitía rastrear de forma sistemática su actividad en la web.
Según dicho trabajo, el sistema habría recopilado información sobre las páginas visitadas en el navegador de los móviles Android y la habría vinculado con la identidad de los usuarios en Facebook e Instagram, incluso cuando estos utilizaban el modo incógnito o navegaban a través de una VPN.
Es esta combinación de trazado de navegación y asociación con perfiles personales que ahora se someterá a escrutinio político y regulatorio como elemento central de la investigación.
Los investigadores sostienen que este mecanismo de seguimiento silencioso podría entrar en conflicto con varias normas europeas de referencia en materia de protección de datos y servicios digitales, como el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales.
En paralelo, Meta se enfrenta ya a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá, que amplían la dimensión internacional del caso y subrayan la atención regulatoria en torno al modelo de negocio basado en datos personales.
En este contexto, el presidente Sánchez, ha anunciado que se impulsará una investigación específica sobre las prácticas de Meta, y que la compañía de Mark Zuckerberg deberá rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, donde se le requerirán explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de este sistema y su adecuación a la normativa vigente.
El objetivo declarado es el de esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y reforzar la protección de los derechos fundamentales que pudieran haberse visto comprometidos. El presidente del gobierno también subrayó que, en el ordenamiento jurídico español, el marco legal se sitúa por encima de cualquier algoritmo o plataforma, y que las empresas que vulneren derechos deberán asumir las consecuencias de sus acciones.
Con este mensaje, el actual ejecutivo español busca enviar una señal directa a las grandes compañías tecnológicas sobre la prioridad política de hacer cumplir la regulación digital en España.
Un paquete de medidas frente a las nuevas amenazas digitales
En paralelo al anuncio sobre Meta, el presidente Sánchez avanzó el próximo lanzamiento de un paquete de medidas para responder a cuatro riesgos identificados en el entorno digital: campañas de desinformación, protección de menores, combate al discurso de odio y la polarización social, y defensa de la privacidad.
Estas iniciativas se presentan como una concreción de los compromisos adelantados por Sánchez en la última cumbre de Davos, donde expresó su preocupación por la concentración de poder y riqueza en un reducido grupo de grandes actores tecnológicos, que situó en la base de los impactos negativos sobre la cohesión social, la salud mental y el funcionamiento de las democracias.
El Gobierno plantea este paquete como una extensión de su estrategia de defensa de los derechos digitales de la ciudadanía, con especial atención a los usuarios más jóvenes y a la relación que mantienen con las redes sociales, sosteniendo que estas plataformas han aportado nuevas capacidades de comunicación y participación pero, al mismo tiempo, considera que su actual configuración genera espacios con escasos controles en los que los incentivos comerciales pueden prevalecer sobre las garantías de los usuarios.
En esta línea, Sánchez describió el entorno de las redes sociales como un espacio que, en su opinión, funciona de forma disfuncional cuando la prioridad de determinados actores tecnológicos se centra en maximizar beneficios y volumen de interacción, por delante de la protección de los derechos. A juicio del presidente, esta situación obliga a replantear el marco de supervisión y responsabilidad que se aplica a las grandes plataformas.
Con la combinación de la investigación sobre Meta y el anuncio de nuevas medidas regulatorias, el Ejecutivo sitúa la supervisión de las grandes plataformas y la protección de la privacidad en el centro de su agenda digital.
Pese a que todavía es pronto para sacar conclusiones, estos paquetes de medidas podrían redundar en una mayor exigencia de cumplimiento normativo por parte de las empresas propietarias de redes sociales, pero con obligaciones que afecten también a las organizaciones que publican contenidos en dichas redes, lo que incluye, a día de hoy, casi todas las empresas y profesionales, por no decir las agencias de marketing digital.
De todas formas, y hasta que no se hayan publicado los primeros borradores de los textos, no podremos hablar sobre dichos efectos con total propiedad.
