El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado correspondiente al año 2026, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta nueva convocatoria destaca por su marcado enfoque en la modernización tecnológica, destinando 1.700 plazas a especialistas en tecnologías de la información. Esta cifra de profesionales tecnológicos solicitados representa un incremento del 42% respecto a la oferta del año anterior.
Por primera vez en la historia de estas convocatorias, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información incluirá pruebas de acceso divididas por especialidades. El objetivo de esta medida es incorporar a la administración pública perfiles técnicos altamente cualificados en áreas como la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad y la Ciencia del Dato. Las autoridades competentes han justificado esta decisión señalando la necesidad de ir más allá de la mera reposición de vacantes para lograr una gestión más eficiente de los servicios mediante el uso de nuevas herramientas de automatización. En este sentido, la estrategia gubernamental persigue digitalizar los procesos administrativos transformando los actuales puestos de trabajo en lugar de suprimirlos.
Como parte de esta estrategia para la captación de profesionales, el Ejecutivo ha anunciado la creación de una alianza orientada a atraer talento en las disciplinas conocidas como STEM, es decir, áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con la constitución de este grupo se busca incrementar la competitividad de las ofertas laborales del sector público y garantizar que las vacantes de carácter tecnológico queden completamente cubiertas.
Formación transversal y alcance de la convocatoria
En el ámbito estricto de la formación, el plan de competencias digitales contemplado en esta oferta de empleo exigirá la superación de módulos obligatorios sobre Inteligencia Artificial y herramientas de gestión de datos en todos los procesos selectivos. Así mismo, esta iniciativa prevé fortalecer las habilidades tecnológicas de la totalidad de los empleados públicos que ya se encuentran en activo dentro de la administración.
El contexto en el que se enmarcan estas contrataciones viene marcado por unos niveles de uso de servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos en España del 83%, una cifra que se sitúa por encima de la media europea, fijada en el 75%. El país también aventaja en 7 puntos la media comunitaria en cuanto a la digitalización general de su administración, de acuerdo con los datos presentados por la Comisión Europea. Pese a estos indicadores, la meta fijada para esta legislatura es incrementar en un 25% el volumen de trámites administrativos que se completan por vía electrónica.
Más allá del ámbito estrictamente técnico, la oferta pública para 2026 abarca un total de 27.232 plazas para la Administración General del Estado. De este volumen total, 20.541 posiciones corresponden al turno libre y 6.345 están reservadas para promoción interna. A estas se les añaden 346 puestos de carácter extraordinario orientados a la gestión de emergencias climáticas y la transición ecológica. Si a este recuento se le suman las plazas destinadas a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, el total de la oferta aprobada supera las 37.000 vacantes.
Para optimizar el desarrollo de las futuras contrataciones, la administración obligará a sus centros gestores a elaborar informes de diagnóstico y a implementar medidas para agilizar los trámites si en la convocatoria previa no se alcanzó un 75% de cobertura de las plazas. Además, se realizará una monitorización de los exámenes y evaluaciones para evitar que los procesos de selección se extiendan más de un año natural desde el momento de su publicación oficial.
