Guillem Alsina Gonzàlez
El gobierno español, por boca de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, anunciaba recientemente, y aprovechando el marco de un encuentro sectorial organizado por Nueva Economía Fórum, un nuevo plan de financiación para la adopción de tecnología en la empresa que, según explicaba la misma secretaria de Estado, sigue la línea marcada por otras iniciativas de financiación recientes, como el Kit Digital y el Kit Consulting, de impulsar desde las administraciones públicas el desarrollo tecnológica desde la vertiente humanista, priorizando una adopción tecnológica basada en principios éticos.
En esta ocasión, la inyección económica anunciada por el actual ejecutivo español, será de cuarenta millones de euros, y se dirigirá específicamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a las compañías de nueva creación. El propósito central de esta partida es democratizar el acceso a plataformas de inteligencia artificial en formato de servicio, permitiendo a estas organizaciones aplicar la tecnología a sus necesidades productivas para dar respuesta a problemas reales de sus procesos de negocio.
Para ello, el nuevo programa se apoyará en el marco presupuestario de los fondos europeos de desarrollo regional correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2027, y orientados a la iniciativa de Nación Emprendedora, con gestión operativa de estos recursos económicos desde la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Para articular el despliegue de los fondos, el organismo formalizará acuerdos de colaboración con centros de apoyo a la innovación, asociaciones profesionales y empresariales, y centros tecnológicos. Dichas organizaciones podrán presentarse a las convocatorias de manera individual o formando agrupaciones con un límite de cinco integrantes.
Estas entidades asociadas tendrán la obligación de cofinanciar los proyectos aportando al menos una quinta parte del presupuesto total, como garantía de viabilidad y sostenibilidad de la implementación, mientras que el ente público podrá inyectar hasta doce millones de euros por cada convenio rubricado.
Fruto de la firma de estos acuerdos interinstitucionales, se contempla la generación de un mínimo de treinta casos de uso prácticos aplicables a diversas áreas de la economía. A partir del análisis y desarrollo de estos escenarios iniciales, los participantes deberán crear al menos quince modelos tecnológicos de carácter general con una arquitectura algorítmica diseñada para ser altamente adaptable y reutilizable, lo que posibilitará la transferencia de conocimiento entre distintas ramas de actividad comercial e industrial.
De este modo, se establecerá un entorno de experimentación que facilitará la adopción tecnológica por parte de un gran número de empresas de menor tamaño, evitando que tengan que asumir la carga técnica de construir soluciones desde cero. En última instancia, la administración busca convertir este tipo de innovaciones en herramientas tangibles que impacten directamente en la contabilidad de las empresas mediante la reducción de los gastos operativos, el fomento de la eficiencia y la apertura de nuevas oportunidades comerciales.
