Marc Sureda
La corporación Meta ha hecho efectiva la retirada del cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos de Instagram desde el pasado viernes 8 de mayo. Esta tecnología de seguridad, que se encarga de garantizar que únicamente el emisor y el receptor de un texto puedan leer las conversaciones, ha dejado de estar operativa. Un hecho que significa que la compañía estadounidense podrá acceder al contenido de las comunicaciones privadas bajo determinadas circunstancias.
La empresa tecnológica justifica este cambio argumentando que es necesario para la protección de los menores de edad y la lucha contra la difusión de material ilícito en su red social. Sin embargo, diversos especialistas del sector tecnológico advierten de las consecuencias que esta modificación tiene sobre la gobernanza de los datos. Desde la firma i3e, su gerente Sergio García expone que “Si desaparece la garantía de que solo emisor y receptor pueden acceder a una conversación, también se debilita la confianza del usuario en que sus mensajes privados sigan siendo realmente privados. Y esa información tiene un valor comercial evidente para perfilar mejor la publicidad. Meta puede argumentar que el usuario ha aceptado sus normas, pero eso no significa que exista una capacidad real de negociación. En la práctica, estamos normalizando que para usar determinados servicios digitales tengamos que ceder cada vez más parcelas de nuestra privacidad«.
La desaparición de esta barrera técnica debilita la confianza del público sobre la confidencialidad de sus intercambios de información. Aunque las plataformas se amparan en que los individuos aceptan las nuevas condiciones de uso de sus sistemas, los analistas señalan que en la práctica no existe un verdadero margen de negociación para el consumidor. De este modo, se está normalizando la cesión progresiva de la privacidad personal como requisito indispensable para utilizar los servicios digitales actuales.
Ante este panorama, desde el ámbito profesional se reclama una postura más contundente. Los expertos sostienen que la salvaguarda de los menores es un objetivo innegable, pero rechazan que se emplee como pretexto para reducir las garantías fundamentales de la población. Por ello, instan a las instituciones de Bruselas a tomar partido e indican que las autoridades comunitarias deben denunciar aquellas modificaciones que deterioren los derechos digitales de los ciudadanos amparándose en motivos de seguridad.
