Marc Sureda
El sistema informático de facturación denominado Verifactu surge como parte del desarrollo de la Ley Antifraude con el objetivo de establecer unos requisitos técnicos específicos. Estas exigencias buscan garantizar la integridad, la conservación y la trazabilidad de los registros de facturación de las compañías. A pesar de que la obligatoriedad de esta medida ya sufrió un aplazamiento de un año respecto al calendario planificado inicialmente. El tejido empresarial español muestra un elevado grado de desconocimiento sobre su entrada en vigor.
De acuerdo con un estudio elaborado por Toluna junto a Holded, solamente el 27% de los autónomos y emprendedores conoce que la normativa será de obligado cumplimiento en enero de 2027 para las organizaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades y en julio de ese mismo año para los trabajadores por cuenta propia. El resto de los profesionales encuestados manifiesta una notable confusión en torno a los plazos legales. Una cifra idéntica de participantes confiesa no estar familiarizada con esta regulación. Mientras que un 22% desconoce el último aplazamiento y asume de forma equivocada que la medida se aplicará durante el ejercicio de 2026.
La desinformación detectada abarca otros aspectos más allá del calendario oficial. Un 18% de los consultados cree que el uso de este sistema ya es imperativo para aquellas corporaciones que utilizan programas de facturación electrónica. En el extremo opuesto, una minoría del 4% opina que no se ha previsto ninguna nueva obligación legal de cara a los próximos años. Estas cifras evidencian una importante brecha informativa sobre una de las reformas administrativas de mayor calado en la historia reciente del país.
Esta falta de asimilación normativa converge con una etapa en la que las pequeñas y medianas empresas continúan integrando la tecnología en sus operaciones diarias. Los datos del Informe Emprende de Holded señalan que, aunque la inmensa mayoría de los negocios ya se apoya en algún tipo de herramienta digital, apenas un 34% recurre a programas profesionales de gestión empresarial y una cuarta parte utiliza soluciones compatibles con la nueva regulación. El impacto económico, la escasez de conocimientos y la complejidad técnica se erigen como los principales obstáculos que frenan la transformación tecnológica de estas organizaciones.
Ante este escenario, los analistas del mercado informático advierten que los próximos meses resultan fundamentales para que las corporaciones adapten sus infraestructuras de facturación a las exigencias de la nueva legislación. Esta adecuación de los sistemas no debe contemplarse exclusivamente como un requerimiento legal ineludible, sino que proporciona una coyuntura favorable para que el entorno corporativo modernice sus procesos burocráticos, minimice los errores humanos y optimice el rendimiento general de la organización.
