La adopción de internet ha experimentado un crecimiento notable a lo largo de la última década en el territorio nacional. Según los registros del Instituto Nacional de Estadística, mientras que en el año 2014 el uso de la red entre la población de 16 a 74 años se situaba en un 76,2%, esta conectividad ha ido en aumento progresivo hasta sentar las bases para nuevos comportamientos que se evidenciaron de forma crítica durante los primeros meses de la crisis sanitaria. En mayo de 2020, el Instituto Nacional de Ciberseguridad detectó una campaña de envío de mensajes de texto telefónicos que simulaba ofrecer un test de autoevaluación avalado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. El objetivo de este fraude era aprovechar la preocupación ciudadana para forzar la descarga de programas informáticos maliciosos, evidenciando los peligros asociados a la búsqueda de respuestas médicas en el entorno digital.
Lejos de tratarse de una circunstancia temporal, la dependencia de la red para cuestiones médicas se ha consolidado en los años posteriores. Los estudios de Eurostat muestran que la proporción de internautas europeos que buscaron información sanitaria pasó de un 58% en 2022 a un 62% en el ejercicio siguiente, alcanzando el 63% en 2024. En este último año, la conectividad ha llegado al 95,8% de los ciudadanos españoles en la franja de edad mencionada, de los cuales un 81,4% realizó gestiones o consultas relacionadas con su estado físico. Siendo una práctica de mayor incidencia en perfiles demográficos femeninos y en grupos de mayor edad. Ante este volumen de actividad, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre los efectos negativos de la sobreabundancia de información médica, la cual propicia decisiones equivocadas y merma la credibilidad de las autoridades competentes.
Esta digitalización generalizada de las rutinas diarias ha convertido a la red en la primera vía de consulta, desplazando en ocasiones la atención profesional prioritaria. Los analistas de la firma Panda Security explican que, si bien el acceso a documentación clínica puede ser un apoyo para el paciente, el riesgo surge con la consulta compulsiva basada en fuentes no contrastadas. Esta reiteración en la búsqueda de síntomas deriva en un estado de ansiedad creciente y una percepción distorsionada de la realidad conocido como cibercondría. Además de las implicaciones en la salud mental, el rastro digital generado al introducir parámetros médicos sirve para que los atacantes elaboren perfiles detallados. Con esta información, se diseñan estafas altamente personalizadas mediante mensajes que suplantan a entidades médicas, incitando al usuario a facilitar datos confidenciales o a instalar aplicaciones de diagnóstico que exigen permisos de privacidad abusivos.
El peligro derivado de estas prácticas trasciende la esfera privada para instalarse en el núcleo de las operaciones de las compañías. Entidades de referencia como el mencionado Instituto Nacional de Ciberseguridad, la agencia europea ENISA y el FBI coinciden en que las tácticas de manipulación psicológica continúan explotando la vulnerabilidad humana con un alto grado de eficacia. Los especialistas del sector advierten que el acceso a portales sanitarios fraudulentos a través de equipos proporcionados por la empresa compromete la integridad de los sistemas internos.
La urgencia por obtener respuestas médicas facilita que los trabajadores introduzcan credenciales corporativas o permitan la entrada de accesos no autorizados en las redes de trabajo. Por este motivo, desde el ámbito de la seguridad tecnológica se subraya la necesidad de implementar políticas de protección que aúnen las defensas de la infraestructura con una alfabetización digital específica, enfocada en educar los comportamientos y hábitos de navegación de las plantillas para mitigar los riesgos asociados a la inquietud por la salud.



