Guillem Alsina Gonzàlez
Una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 fue una escasez temporal en el suministro de semiconductores que afectó especialmente a Europa, con un viejo continente carente de industria propia y que dependía casi por completo de un suministro exterior que, en caso de emergencia -y como se pudo ver en 2020- podía esfumarse.
La voluntad de paliar esta situación desembocó, en 2023, en la aprobación del Reglamento Europeo 2023/1781, más conocido como la Chips Act, aunque los resultados de su aplicación han sido más bien discutibles. Por ejemplo, los mecanismos de respuesta previstos ante situaciones de crisis no se encuentran todavía operativos, en medio de una situación geopolítica inestable y altamente volátil, o la cuota de mercado prevista para los semiconductores «made in Europe» para 2030 ya se ha reducido a casi la mitad por falta de infraestructuras de producción.
El Tribunal de Cuentas Europeo publicó, en 2025, un informe especial sobre la estrategia europea en materia de microchips, en el que ponía de relieve que la norma se había preparado a prisa y se había publicado sin una evaluación de impacto previa, lo que impidió analizar por qué la estrategia de 2013 sobre componentes y sistemas micro y nanoelectrónicos no había alcanzado sus objetivos.
Otros problemas que se achacan a la norma es que adolece de falta de claridad en sus objetivos, y en el seguimiento de los tres pilares que la componen. El mercado mundial de los semiconductores cerró 2025 en aproximadamente 704.000 millones de euros con un crecimiento interanual del 26%, impulsado por la demanda de infraestructuras de centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.
El informe Draghi sobre competitividad europea ya alertaba de la insuficiencia de la inversión y de la complejidad de la gobernanza en dicho ámbito, con procesos prolongados y acciones descoordinadas entre Estados miembro.
Las tensiones geopolíticas en torno a Nexperia, fabricante neerlandés controlado mayoritariamente desde 2019 por la china Wingtech, han evidenciado las vulnerabilidades de la cadena de suministro europea. Nexperia suministra el 40% de las necesidades de semiconductores de la industria automovilística europea, hasta el punto de que una interrupción en sus operaciones podría detener las líneas de producción del sector en cuestión de semanas.
El artículo 40 de la norma aprobada en 2023 establecía la obligación de someterse a una revisión antes de septiembre de 2026, un mandato que la Comisión Europea ha decidido adelantar en vista de las críticas recibidas al desempeño del reglamento de chips.
El nuevo texto revisado se enmarca en un paquete más amplio de regulaciones dedicadas a potenciar la soberanía tecnológica, que incluirá también una propuesta normativa sobre la nube y el desarrollo de la inteligencia artificial.
La Comisión ha identificado varios puntos críticos que la nueva norma deberá abordar, siendo el más relevante de estos la ausencia total de capacidad europea para fabricar nodos avanzados, aquellos inferiores a 10 nanómetros, que son los que equipan los sistemas de defensa, automoción, espacio o computación de alto rendimiento, y para los que la UE depende íntegramente de terceros países.
A ello se suma la presión competitiva que ejercen las prácticas de mercado de otras potencias en los segmentos donde Europa mantiene posiciones sólidas, como los microcontroladores, la fotónica y los sensores. El conocimiento de la resiliencia de los actores clave y de la cadena de suministro también se ha mostrado insuficiente para garantizar la seguridad del abastecimiento.
La Coalición Semicon, integrada por los 27 Estados miembros, reclamó el 29 de septiembre de 2025 una revisión ambiciosa de la Chips Act, articulada en torno a tres ejes estratégicos: prosperidad mediante un ecosistema competitivo, indispensabilidad asegurando puntos críticos de la cadena de valor, y resiliencia en el suministro para sectores críticos, defendiendo que el sector se considere estratégico al nivel del aeroespacial y de defensa.
La consulta pública abierta entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre de 2025 recibió 209 respuestas, procedentes en su mayoría de empresas, instituciones académicas y asociaciones empresariales, mientras que el Parlamento Europeo, en su resolución de enero de 2026 sobre soberanía tecnológica e infraestructura digital, manifestó su preocupación por las dependencias excesivas respecto a actores ajenos a la UE en sectores críticos como el de los semiconductores. La Eurocámara reclamó entonces actuaciones urgentes para reforzar la producción interna, así como financiación adicional en el próximo marco plurianual.
En la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, adoptada el pasado 24 de abril bajo el título «One Europe, One Market», la propuesta figura entre las iniciativas legislativas prioritarias, con el segundo trimestre de 2027 como fecha objetivo para su adopción definitiva.
Un resumen del borrador de la nueva propuesta Chips act 2.0 puede leerse aquí.
