La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en lo referente al régimen especial de exención para autónomos y pequeñas empresas, conocido como IVA franquiciado. Según la federación, la ausencia de esta adaptación vulnera principios del Derecho de la Unión Europea como la efectividad, la no discriminación, la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la competencia leal y la libertad de establecimiento.
ATA actúa en este procedimiento en su condición de organización intersectorial representativa mayoritaria de los trabajadores autónomos, con la legitimación específica que le permite defender los intereses colectivos de este colectivo ante las administraciones públicas, tanto nacionales como europeas. La federación enmarca la denuncia en esta función de representación institucional.
La base del conflicto se sitúa en la Directiva 2006/112/CE, que regula el sistema común del IVA en la Unión Europea y que fue modificada por la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020. Esta reforma actualiza y armoniza el régimen especial de exención para pequeñas empresas, con el objetivo de simplificar sus obligaciones fiscales y reducir la carga administrativa asociada al impuesto. La reforma europea permite a los Estados miembros fijar un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y PYMEs quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA.
Desde ATA se recuerda que el propósito de este régimen de franquicia es ofrecer un marco más sencillo para los pequeños negocios, reduciendo trámites, obligaciones formales y costes de cumplimiento, al tiempo que se preserva la coherencia del sistema común del IVA en toda la Unión Europea. La organización considera que la no incorporación de este esquema en España deja a los autónomos en desventaja frente a sus homólogos de otros países de la UE.
Un año de retraso en la transposición de la directiva
La Directiva (UE) 2020/285 fijó dos hitos temporales para su implementación por parte de los Estados miembros. El primero es el plazo de transposición, que obligaba a adoptar y publicar las disposiciones necesarias a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El segundo es el plazo de aplicación, por el que las nuevas normas debían empezar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025.
La federación sostiene que, el Gobierno de España no ha aprobado medidas legislativas para incorporar al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2020/285. En este contexto, la normativa nacional, concretamente la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, continúa sin incluir un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación.
En un encuentro empresarial celebrado en Jerez de la Frontera, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, expuso que esta falta de adaptación supone que los trabajadores por cuenta propia en España no disponen del instrumento previsto en la directiva para aliviar sus obligaciones con el impuesto. ATA sostiene que, como consecuencia de esta situación, los autónomos españoles serían los únicos de la Unión Europea que no pueden acogerse al IVA franquiciado cuando facturan menos de 85.000 euros.
La federación reclama que en España se ponga en marcha un régimen efectivo de simplificación y exención del IVA para pequeños negocios, alineado con el marco europeo, con el fin de reducir cargas administrativas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Desde la organización se indica que el incumplimiento de los plazos de la directiva repercute en la actividad diaria de los negocios y condiciona su capacidad de competir en el mercado.
ATA también subraya que la ausencia de un umbral de exención claramente definido en la normativa interna se suma a la inexistencia de procedimientos específicos de control y registro adaptados a este régimen. Estos elementos, a juicio de la federación, dificultan la aplicación práctica de cualquier esquema de franquicia del IVA y mantienen a los autónomos en un entorno normativo complejo.
Con la denuncia ante la Comisión Europea, ATA busca que las instituciones comunitarias examinen la situación y verifiquen si el retraso en la transposición y aplicación de la Directiva (UE) 2020/285 por parte de España se ajusta a las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.



