Guillem Alsina Gonzàlez
La estrategia de la Unión Europea para reducir su dependencia tecnológica del exterior en materia de supercomputación se canaliza a través de la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), una firma constituida por la propia UE con los estados miembros y diversos socios privados, que tiene la sede en Luxemburgo, y cuya función es la de coordinar recursos para desarrollar este sector tecnológico en el viejo continente.
En el marco de esta iniciativa conjunta, España ya dispone de instalaciones operativas, concretamente las factorías de inteligencia artificial ubicadas en el Barcelona Supercomputing Center y en el Centro de Supercomputación de Galicia, ambas respaldadas financieramente por el Estado. A estas infraestructuras se suma el ordenador cuántico MareNostrum 5, empleado en investigaciones de alta complejidad como la simulación del genoma humano, el desarrollo acelerado de nuevos fármacos, o la creación de un gemelo digital del planeta.
A principios de enero de 2026, la normativa comunitaria de EuroHPC fue modificada para dar cabida a un nuevo tipo de infraestructura: las gigafactorías de inteligencia artificial. Dichas instalaciones se diferencian de los centros de datos tradicionales, habitualmente orientados al almacenamiento y a los servicios convencionales en la nube, por estar diseñadas específicamente para proporcionar la inmensa capacidad de cálculo necesaria para la creación y el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial de nueva generación, una tarea que exige disponer de infraestructuras con un elevado consumo energético y redes de transmisión de datos altamente eficientes.
Para poder optar a albergar una de estas nuevas gigafactorías, el gobierno empezó a articular su candidatura recientemente, y hace unos días, el Ejecutivo autorizó la entrada de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica en un consorcio público-privado, una operación que supuso la movilización de casi 720 millones de euros de dinero público destinados a un proyecto que, en su conjunto, espera aglutinar cerca de 5.000 millones de euros mediante la participación de grandes compañías nacionales. El fin último de este consorcio es dotar a las universidades, pequeñas y medianas empresas y centros de investigación de herramientas avanzadas para la innovación.
Como paso necesario para consolidar dicha candidatura, el Consejo de Ministros también ha autorizado una contribución voluntaria de 300 millones de euros a EuroHPC. Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, esta inyección económica permite a España cumplir con las exigencias formales para competir por la adjudicación de una gigafactoría de inteligencia artificial a escala europea.
Desde el departamento responsable se indica que la materialización de este proyecto supondrá un avance sustancial en la capacidad tecnológica del tejido empresarial y científico nacional, al proporcionar un acceso directo a recursos de supercomputación de primera línea. La instalación de una infraestructura de este calibre en España tendría un impacto directo en el desarrollo productivo y en la formación de profesionales especializados, teniendo el potencial de situar al país en una posición relevante dentro del esquema de la innovación continental.
Como complemento a esta operación principal, los fondos recién aprobados se destinarán en parte a respaldar iniciativas estratégicas en tecnología cuántica, una medida orientada a reforzar las capacidades del ámbito académico y del sector empresarial en dicha área.
