Aplazamiento de Verifactu: es una broma ¿no?

Cuando leí el mensaje de WhatsApp que, este pasado martes día 2, llegó a mi móvil con una captura de pantalla de la aplicación de un conocido periódico en la que anunciaba que el gobierno aplazaba un año la entrada en vigor de Verifactu, mi reacción fue la de preguntar «es broma ¿no? Es una fake news ¿verdad?«. Pues ni lo uno ni lo otro, para sorpresa mía y supongo que también la de muchos empresarios, autónomos, y empresas productoras de software, la noticia era una realidad que a lo largo de las últimas horas nos ha tocado asumir.

Verifactu ha sido un quebradero de cabeza para la industria tecnológica desde el principio, y ello se ha notado con el primer aplazamiento de su introducción, ya que el reglamento técnico para su implementación, y en el que especificaba aspectos del software como el envío de las facturas a Hacienda, o el código QR a incluir en cada factura, salió tarde y demasiado pegado a la fecha prevista inicialmente para que la ley entrara en vigor, aunque ello dio un balón de oxigeno a los productores de software y, especialmente, a los más pequeños.

Porque son estos, más que los usuarios (incluso los autónomos), quienes han sufrido la definición, implementación y la -ahora aplazada- implantación de Verifactu. El problema és que, si bien las grandes empresas como SAP o Microsoft, disponen de suficientes recursos como para adaptar sus programas sin casi despeinarse aunque ello represente un gasto, las horas de programación les salen más caras a los pequeños productores aunque el precio llegue a ser el mismo que para las grandes empresas. Y, muchas de estas empresas pequeñas, tienen soluciones personalizadas que deben retocar una a una.

Es el caso de muchos autónomos, que disponían de soluciones para un número limitado de clientes, y que han tenido que cerrar su negocio, en muchos casos buscando vender su cartera de clientes a otras empresas, de mayor tamaño, aunque normalmente locales, o bien incluso recomendando a estos clientes que se pasaran a un paquete de software comercial. Simplemente, porque no podían asumir el coste de retocar cada solución personalizada.

En un caso muy concreto que conozco bastante de primera mano, un autónomo, programador veterano, que disponía de una aplicación de facturación disponible todavía -y agárrense que vienen curvas- bajo entorno MS-DOS emulado (no lo digo en balde, la vi), pudo salvar su cartera de clientes y seguir con su negocio gracias a que lo puse en contacto con otra empresa, de mayor tamaño, que le ofreció un servicio para conectar su aplicación con su solución de emisión de facturas, de manera que dicha aplicación podía cumplir con todas las premisas del reglamento Verifactu.

Es a todas estas pequeñas empresas de software que han sudado y han pagado de su bolsillo la adaptación de su software para continuar sobreviviendo en el mercado, que el presente aplazamiento les parece como si les hubieran escupido directamente a la cara. Y más cuando han estado sometidos a la presión de recibir multas de hasta 150.000 € si no hacían bien las cosas, y más aún cuando quien no las ha hecho bien en primer lugar, es el mismo gobierno que hubiera podido multarlas.

Ellos, al igual que yo, entendemos que a muchas pequeñas empresas y autónomos este aplazamiento en sus obligaciones les vendrá bien y, de hecho, nos vendrá, porque como trabajador autónomo, yo mismo estaba esperando a actualizarme a una aplicación a finales de este mismo año, ya que por el volumen de facturas que hago a lo largo del año (y que ronda las cuarenta) y la facilidad que tengo para aprender el funcionamiento de nuevas aplicaciones, no necesitaba más que unos pocos días de trabajo para ello. Y sí, ahora tengo un año y pocos días, y sí, seguramente esperaré al final del año próximo y seguiré facturando con mi hoja de cálculo que ya tengo preparada desde hace años para realizar esta tarea.

Se mire por donde se mire, y cómo se mire, y dejando de lado que el aplazamiento suponga un respiro para empresas y autónomos como yo que todavía no nos habíamos adaptado, todo el asunto me parece de una poca formalidad y seriedad que asusta en el gobierno de un país que afirma estar en primera línea. No es serio, perdonen que lo diga, y es que la política debe ser praxis, fondo, pero también forma. Y aplazar la entrada en vigor de una ley a tres semanas vista y por vía de urgencia porque «¡ay, ay, ay! ¡que no llegamos!» parece, tomando de forma prosaica, una expresión popular, de un «país de pandereta«.

Por no hablar de que quien ha hecho los deberes y se ha gastado la correspondiente suma de dinero en la adaptación de sus sistemas, debe estar sintiendo ahora mismo un efecto como si le hubieran dado una bofetada, ya que habría podido realizar la inversión un año más tarde. Porque, digan lo que digan, el año que viene no va a ver retorno de dicha inversión.

En general, es hacer pagar a los que han hecho bien las cosas y cumplían, por los que no lo han hecho, y sienta un peligroso precedente de que si muchos no cumplen con una ley que les incomoda, tal vez esta se aplace una o dos veces.

Por suerte, y tal como escribo hoy mismo, el Real Decreto-ley publicado ayer en el BOE, incluye una salvaguarda legal que preserva el reglamento tecnológico a salvo de cambios porque, lo peor, hubiera sido una modificación de este que implicara que las empresas de desarrollo tuvieran que hacer más cambios en sus aplicaciones sin recibir compensación económica por ello.

Porque nos podemos fiar de esta salvaguarda ¿verdad?