Marc Sureda
El pasado 28 de abril, un apagón a gran escala afectó de manera simultánea a España y Portugal, provocando un deterioro crítico en las redes móviles de ambos países. El evento, de impacto casi sincrónico entre todos los operadores, se tradujo en un descenso acelerado y sostenido de las prestaciones del servicio móvil a medida que se agotaban las baterías de respaldo de las estaciones base, cuando estas existían.
La situación puso de manifiesto la vulnerabilidad del ecosistema móvil frente a fallos en la red eléctrica, con consecuencias notables sobre la calidad del servicio y la conectividad básica.
Caída generalizada del rendimiento móvil
A lo largo de la jornada del 28 de abril, el porcentaje de usuarios móviles en España con una conexión de red consistente (definida como velocidades mínimas de 5 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida) descendió del 90% a las 9:00 horas hasta un mínimo del 40% a las 15:00 horas. En Portugal, el descenso fue aún más acusado, bajando del 90% inicial a menos del 40% a las 14:00 horas, con una recuperación más lenta que la observada en territorio español.
Las velocidades medianas de descarga móvil se redujeron un 73% en España y un 75% en Portugal en comparación con el día anterior, según datos de Speedtest Intelligence. Las operadoras que presentaron un mejor comportamiento relativo durante la crisis fueron Movistar y Orange en España, y Vodafone en Portugal, aunque todas registraron una pérdida importante de calidad de servicio.
Impacto geográfico desigual y dependencia del suministro eléctrico
La severidad del impacto no fue homogénea en todo el territorio. En España, las regiones costeras del norte, mediterráneo y sur, así como las zonas fronterizas del noreste, registraron las caídas más pronunciadas en rendimiento, con descensos de más del 85% en la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Murcia. Sin embargo, estas áreas también fueron las que mostraron una recuperación más ágil, en consonancia con los avances en la restitución del suministro eléctrico.
Por el contrario, las regiones del centro peninsular, entre ellas Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, experimentaron un impacto más moderado, con caídas cercanas al 60%. En Portugal, el corredor atlántico entre Braga y Santarém experimentó descensos de hasta el 90%, mientras que las tierras del interior registraron impactos más leves, posiblemente gracias a medidas previas de fortalecimiento de infraestructuras aplicadas para prevenir daños por incendios forestales.
Consecuencias directas sobre la experiencia de usuario
Las disrupciones del servicio no se limitaron únicamente a una menor velocidad de conexión. Los datos recogidos muestran un aumento sustancial en los tiempos de carga web, una caída en la capacidad para reproducir vídeo en Full HD y un incremento considerable de la latencia hacia servicios de juegos y proveedores de nube. En España, el tiempo medio de carga de páginas web aumentó más de un 20%, mientras que en Portugal lo hizo en más de un 27%.
En las zonas donde sí existía alimentación de emergencia, ya fuera mediante baterías o generadores fijos, se observó una mayor continuidad del servicio. No obstante, la redistribución del tráfico desde estaciones inactivas y la sustitución forzosa de las redes fijas por móviles agravaron la sobrecarga de las infraestructuras activas.
La falta total de acceso a servicios de datos, e incluso a llamadas o mensajes, dejó a numerosos usuarios sin posibilidad de realizar pruebas de conectividad, lo que se reflejó en un aumento sin precedentes de intentos fallidos en la plataforma Speedtest. Esta situación se vio también en los registros de Downdetector, que mostró un primer pico de informes al inicio del apagón, una caída al empeorar la red, y un nuevo repunte tras la restauración parcial de la energía eléctrica.
Lecciones de resiliencia y modelos regulatorios comparativos
El evento del 28 de abril ha evidenciado la escasa implantación de soluciones de respaldo energético en las redes móviles de España y Portugal, un factor determinante en la magnitud del colapso. La experiencia demuestra la necesidad urgente de reforzar la redundancia en la infraestructura de telecomunicaciones, no sólo mediante elementos técnicos, sino también a través de políticas públicas proactivas.
Países como Noruega y Finlandia han introducido normativas que obligan a garantizar un número mínimo de horas de servicio móvil tras un corte eléctrico, una medida que ha demostrado ser eficaz. De forma similar, Australia ha financiado la modernización de más de 460 estaciones base con capacidad de respaldo energético de hasta 12 horas. Estas iniciativas ponen de manifiesto que existen modelos regulatorios y tecnológicos viables para fortalecer la continuidad operativa de las redes móviles ante eventos críticos.
