Durante los últimos años, el entorno digital había adoptado el uso de imágenes como un método habitual para demostrar pagos, confirmar reservas o registrar autorizaciones. Sin embargo, en la actualidad las capturas de pantalla han dejado de ser una prueba digital fiable debido a la sofisticación de los programas de diseño y a las nuevas herramientas de generación visual. La compañía de ciberseguridad ESET señala que estas tecnologías facilitan el desarrollo de falsificaciones sumamente convincentes que eluden la inspección ocular básica. El desafío técnico principal radica en que una imagen no permite comprobar su autoría, su integridad documental ni la veracidad de la operación que supuestamente ilustra.
El responsable de Investigación y Concienciación de ESET España, Josep Albors, advierte: “Nos hemos acostumbrado a aceptar una captura como confirmación de que un pago se ha realizado, una reserva existe o una conversación tuvo lugar, pero hoy esa confianza puede jugar en nuestra contra. La proliferación de los deepfakes y de otras herramientas de manipulación y generación de imágenes permite crear capturas falsas cada vez más convincentes y difíciles de identificar a simple vista. El verdadero riesgo aparece cuando una captura desencadena una decisión que después es difícil de revertir, como autorizar un pago, devolver dinero, entregar un producto o facilitar información sensible. Por eso, cuando hay dinero, datos o accesos en juego, la comprobación debería realizarse siempre en el sistema de origen y no basarse exclusivamente en una imagen enviada por otra persona”.
Otras tácticas delictivas en el ámbito del consumo incluyen la notificación de cobros retenidos que exigen el abono previo de tasas ficticias para liberar los fondos, o la exhibición de perfiles de inversión con rentabilidades inventadas para atraer capital a esquemas fraudulentos. Así mismo, los atacantes solicitan a menudo a sus víctimas que envíen archivos gráficos con sus códigos de acceso para secuestrar cuentas de usuario mediante ingeniería social.
Más allá del usuario final, en el ámbito corporativo, los departamentos financieros y de recursos humanos se exponen a fraudes al tramitar autorizaciones falsificadas que simulan provenir de cargos directivos, o al procesar recibos de devoluciones ficticias aportados por supuestos clientes. Las áreas de administración se enfrentan al reto constante de gestionar reclamaciones respaldadas por historiales de chat alterados que buscan forzar el reembolso de productos o la restauración de credenciales bloqueadas.
Según los análisis de la firma de seguridad, el mayor peligro para las organizaciones ocurre cuando una imagen desencadena una decisión irreversible, como la transferencia de liquidez corporativa, la reposición de material o la entrega de datos confidenciales. Para mitigar esta amenaza, las políticas corporativas deben establecer que este tipo de archivos sirvan únicamente como un mero indicio circunstancial. Por lo tanto, la comprobación de cualquier transacción debe realizarse siempre accediendo directamente a los registros internos o a la plataforma oficial de origen, descartando por completo los enlaces proporcionados por terceros.
A nivel organizativo, resulta imperativo exigir la presentación de documentos originales rastreables durante la investigación de anomalías y prohibir que se tomen medidas definitivas basadas solo en archivos gráficos. Como complemento indispensable, las compañías deben instruir a sus plantillas sobre las carencias probatorias de estas evidencias digitales y automatizar las consultas en los sistemas informáticos nativos, reduciendo así la dependencia de los comprobantes aportados manualmente por agentes externos.
