Marc Sureda
Este pasado sábado día 2 de agosto de 2025 entró en vigor en España el régimen sancionador del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA), que contempla multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global de las empresas infractoras.
Esta nueva fase normativa refuerza la responsabilidad de las organizaciones que desarrollan o emplean sistemas de IA, imponiendo sanciones tanto económicas como restrictivas a quienes incumplan las obligaciones de seguridad, transparencia y supervisión humana.
El nuevo marco legal llega en un contexto de escepticismo: solo un 8,8% de los españoles cree que existe actualmente una regulación suficientemente estricta para controlar la IA, y un 88,6% considera que las instituciones no transmiten la seguridad necesaria. Los datos proceden de la última encuesta de percepción ciudadana sobre IA elaborada por Entelgy, The Business Tech Consultancy.
El desconocimiento normativo también es relevante: apenas un 11,4% de los encuestados afirma saber qué regulaciones están en vigor, porcentaje que se eleva hasta el 19,3% entre los jóvenes de 18 a 29 años. Para los expertos, esta falta de información pone de manifiesto la necesidad de intensificar las campañas de sensibilización y formación si se quiere reforzar la confianza social en el desarrollo ético de la IA.
La preocupación por la privacidad es otra constante: ocho de cada diez ciudadanos temen que los sistemas de IA recopilen datos personales sin garantías suficientes, un sentimiento que supera el 81% en los tramos de edad de 30 a 49 años y mayores de 50.
A partir de este momento, se considerarán prácticas de riesgo inaceptable (y, por tanto, sancionables) la manipulación subliminal o engañosa, la explotación de vulnerabilidades, la evaluación social de personas (social scoring), el reconocimiento facial masivo, el análisis emocional en entornos laborales y educativos, la categorización biométrica y la predicción delictiva.
Para evitar sanciones, las empresas deberán garantizar la transparencia sobre los datos de entrenamiento y funcionamiento de sus sistemas, disponer de la documentación técnica exigida, asegurar supervisión humana efectiva e informar con claridad a los usuarios cuando interactúen con una IA. Además de colaborar con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) y revisar los modelos de propósito general que integren en sus servicios.
Desde Entelgy subrayan que la entrada en vigor del régimen sancionador representa un paso decisivo para consolidar un uso seguro y responsable de la IA. Pero advierten de que la baja cultura regulatoria detectada dificulta generar confianza y exige un esfuerzo adicional de transparencia y formación tanto por parte de las instituciones como del sector privado.
