Guillem Alsina Gonzàlez
En diciembre del año pasado y tras cinco años de negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la convención contra la ciberdelincuencia, con la cual buscaba establece el primer marco universal para investigar y perseguir delitos cometidos en línea. Internet no tiene fronteras, así que un delito cometido contra un usuario en un país, pero desde otro, es difícil de perseguir.
No obstante, esta propuesta ha recibido críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y empresas tecnológicas, que aducen que sus definiciones vagas y poco concretas podrían dar pie a expandir la cibervigilancia que ya practican los estados, además de otros posibles problemas.
El espectro que contempla este texto abarca desde ataques de ransomware y fraudes financieros, hasta la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, con el objetivo por parte de la ONU de proporcionar una base común que permita a los estados actuar con parámetros compartidos en ámbitos que, por su propia naturaleza digital, trascienden fronteras y jurisdicciones.
El tratado tipifica un conjunto amplio de conductas, facilita el intercambio transfronterizo de pruebas electrónicas y crea una red de cooperación 24/7 entre países. Con ello, los investigadores y fiscales disponen de procedimientos armonizados para solicitar y remitir información, un elemento clave cuando los indicios o los autores se encuentran en distintos países. Su diseño también contempla salvaguardas para la privacidad, la dignidad y los derechos fundamentales, aunque esto es lo que no ha contentado a las antes mencionadas organizaciones y empresas.
La Convención incorpora, por primera vez en un tratado internacional, el reconocimiento de la difusión no consensuada de imágenes íntimas como delito, y prevé su entrada en vigor 90 días después de que lo haya ratificado el país número cuarenta.
Este pasado sábado día 25, se celebraba la ceremonia de firma del acuerdo por parte de 65 de los 193 estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas (más dos observadores que no son miembros: la Santa Sede, y Palestina) en Vietnam.
En esta puesta de largo del acuerdo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó que los avances tecnológicos han ido acompañados de nuevas vulnerabilidades, y que la respuesta frente a la ciberdelincuencia requiere de una defensa colectiva. Según explicó, el convenio ofrece una vía clara a la justicia para superar barreras cuando los hechos y las evidencias se reparten entre múltiples jurisdicciones, al mismo tiempo que establece estándares globales para el tratamiento de las evidencias electrónicas.
Desde la ONU esperan que el nuevo marco permita reordenar la respuesta estatal frente a amenazas digitales en ascenso, en un contexto en el que expertos del sector proyectan costes globales de la ciberdelincuencia de 10,5 billones de dólares para este año 2025. Para numerosos gobiernos, el tratado abre la puerta a asistencia técnica, formación y acceso a mecanismos de cooperación inmediata que pueden reforzar su capacidad de respuesta.
